La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado el miércoles su preocupación, calificando de «imposible» la aplicación del modelo de financiación acordado específicamente con Cataluña por el gobierno central y la Generalitat, el cual podría marcar el inicio de la «desaparición del Estado» si se aplica a otras comunidades autónomas. Además, han reiterado su petición para que dimita la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), los inspectores han explicado que este acuerdo también provocaría la «desaparición» de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que sería «troceada» y «repartida» entre las diferentes regiones.
«Esto no tiene vuelta atrás», ha declarado el portavoz de la IHE, José María Peláez. Por su parte, Ana de la Herrán, presidenta de la entidad, ha criticado al Gobierno por «privilegiar» a Cataluña sobre otras CCAA y llevar al sistema tributario a una situación «insostenible».
SE ROMPERÍAN LOS «PRINCIPIOS BÁSICOS» DE LA HACIENDA ESPAÑOLA
Los inspectores argumentan que se violarían principios fundamentales de la Hacienda española, como la necesidad de un sistema de información único y una gestión integrada de las retenciones. «Los contribuyentes se verían perjudicados en los servicios que les presta actualmente la AEAT», indica el informe, señalando que las otras comunidades tendrían «menos ingresos» para sus servicios públicos.
En particular, la administración del 100 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de 2026 sería «imposible», debido a la dificultad de conciliar la información de bases de datos nacionales y catalanas. Esto afectaría la rapidez en las devoluciones y la capacidad de cruzar información para detectar riesgos fiscales, han añadido.
«PERJUICIOS» A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
El acuerdo también tendría «perjuicios» en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente por la separación de los datos entre la Hacienda española y la catalana. La comprobación de operaciones con criptomonedas y el control de grandes patrimonios, actualmente centralizados, serían «imposibles» de realizar eficazmente para los contribuyentes domiciliados en Cataluña.
Además, la financiación singular catalana contribuiría a la «desaparición» de la AEAT como ente central de las políticas sociales del Estado, complicando la entrega de beneficios como deducciones del IRPF y ayudas a madres trabajadoras o familias numerosas.