QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Más allá del rechazo a la senda de déficit, la ruptura de Junts con el PSOE se ha constatado en torno al Proyecto de reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad. Tal como adelantaron, la formación de los de Carlos Puigdemont presentó enmiendas a la totalidad a todas las iniciativas gubernamentales y este jueves ha sido el turno de la registrada en contra de la norma impulsada por el ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
Sin embargo, los independentistas se han quedado solos en la cruzada y no han logrado apoyos más allá de su grupo parlamentario. La enmienda a la totalidad ha sido rechazada con 171 votos en contra, 169 abstenciones (PP y Vox) y 7 votos a favor. El proyecto del Gobierno sigue ahora su tramitación parlamentaria tras lograr salvar este primer escollo.
El encargado de defender la enmienda a la totalidad ha sido Josep María Cruset, que ha denunciado en reiteradas ocasiones que con la actual redacción del texto se están invadiendo el marco competencial de Cataluña. «Les puede parecer un tema menor», ha insistido Cruset, que seguidamente ha señalado que estaban ante un ejemplo más del «menosprecio continuado hacia el autogobierno» por parte del Ejecutivo.
El diputado catalán ha asegurado que la reforma que plantea el ministro Pablo Bustinduy, se insinúa que «Cataluña es incapaz de proteger a sus ciudadanos y que necesita de la protección del Estado». En este sentido, ha defendido que no iban a regalar su votos «a cambio de una ley que es nefasta y que cronifica el daño».
Acuerdo con el PNV
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también había registrado una enmienda a la totalidad alegando injerencias competenciales. Sin embargo, esta mañana los ‘jetzale’ han anunciado que retiraban la iniciativa tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Su portavoz Maribel Vaquero, ha explicado que se habían detectado hasta “once aspectos lesivos en esta norma” pero tras el “acuerdo” con el Ejecutivo la mayoría de ellas “se incorporarán mediante enmiendas”.
“Queda aún algún fleco por abordar, pero damos pie a la tramitación con el objetivo de que desde el respeto competencial podamos incorporar las mejoras necesarias en el objetivo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y de mejorar la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”, ha puntualizado Vaquero.
Más servicios y prestaciones
La norma incorpora la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos y contiene medidas destinadas a agilizar y desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad.
Por otro lado, para ahondar en la autonomía de las personas con discapacidad y fomentar su inserción laboral, el proyecto de ley también permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, algo que desde la asociación Plena Inclusión han valorado positivamente recordando que en España, 8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual no tienen un trabajo remunerado.
De salir adelante, la norma ampliaría el catálogo de servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia y las que tienen una discapacidad; suprimiría el régimen de incompatibilidades en las prestaciones que se introdujo en el año 2012 y eliminaría el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
Desde el ministerio defienden que la reforma de ambas normas al mismo tiempo va a permitir «avanzar en la transformación del modelo de cuidados» para «dejar atrás el modelo asistencialista y acercarse más a un modelo que se adapte a las preferencias y necesidades de las personas».
