Junts tiene previsto registrar en el Parlament una propuesta de resolución en la que plantea la reprobación del Govern, al considerar que su “dependencia del Gobierno conlleva una mala gestión que afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables, y pone en riesgo el ascensor social”.
En una comparecencia ante los medios en la Cámara catalana, el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés, ha concretado las iniciativas que su grupo defenderá en el pleno monográfico sobre el ascensor social que arranca este martes por la tarde.
Con el objetivo de reforzar el contrato social, que a su juicio está “roto”, Junts quiere que el Parlament inste al Govern a pactar un nuevo sistema de financiación en forma de concierto económico, aplicable en Cataluña mediante una ley propia y al margen del marco de la Lofca.
La formación también propone que el Parlament deje constancia de que la Generalitat “debería tener la capacidad de presentar un Presupuesto” para atender las necesidades de la población catalana, y reclama una rebaja del IRPF, la supresión del impuesto de Sucesiones y un plan de choque para simplificar la administración y reducir la carga burocrática.
Asimismo, Junts demanda que la Generalitat negocie con el Gobierno el traspaso de la competencia para fijar un salario mínimo interprofesional catalán, que se sitúe en torno a los 1.400 euros mensuales, así como las competencias necesarias para que el Govern pueda complementar las pensiones en función del mayor coste de la vida.
Otro de los puntos de la resolución plantea que el Parlament inste al Govern a revisar el sistema de ayudas y subsidios “para equilibrar derechos y deberes y priorizar la activación laboral, y garantizar que las prestaciones para personas capacitadas para trabajar sean temporales y vinculadas a la formación y la inserción efectiva”.
“El subsidio debería ser una fórmula transitoria de acompañamiento hasta que aquella persona vuelva a tener trabajo o hasta que aquella persona esté insertada adecuadamente en el mercado laboral”, ha remarcado Vergés.
En materia de vivienda, Junts apuesta por activar nuevo suelo y reforzar la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda asequible, mediante el traspaso a la Generalitat de la titularidad de los inmuebles de la Sepes –antes Sareb–. También exige el traspaso de todas las infraestructuras de movilidad situadas en Cataluña que sean, total o parcialmente, de titularidad estatal, incluyendo puertos, aeropuertos, carreteras y líneas ferroviarias.
En relación con la crisis de Rodalies de las últimas semanas, la formación propone que el Parlament deje constancia de que “el déficit fiscal y el déficit de inversiones acumulado a lo largo de los años por parte del Estado en Cataluña pone en riesgo el contrato social: la calidad de los servicios públicos y la equidad del estado del bienestar”.
Inmigración y sanidad
En otra propuesta de resolución, Junts plantea que el Govern reclame el traspaso de las competencias en inmigración y que impulse un plan para garantizar la cohesión de los 8 millones de habitantes y que tenga como prioridad dimensionar los servicios públicos a la realidad demográfica del país", entre otros objetivos.
En el ámbito sanitario y social, el grupo pide al Gobierno que asuma el compromiso de financiar el 50% del coste de la Ley de Dependencia y que la Generalitat revise la cartera de servicios sociales. Además, emplaza al Govern a defender y garantizar el catalán “como lengua vehicular y de uso normal en la escuela”.