El Gobierno toma oxígeno y, finalmente, no tendrá que retirar el Proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos ante el temor a un potencial rechazo del Congreso. Tras una negociación “intensa y larga”, Junts ha retirado su enmienda de totalidad, quedando únicamente la de Vox. La formación independentista permitirá el avance de la iniciativa tras acordar con el Ejecutivo la salvaguarda de las competencias de Catalunya en esta materia, de modo que los socialistas ya no dependen del Partido Popular.
El diputado de Junts Eduard Pujol ha explicado en los pasillos del Congreso que se ha alcanzado un acuerdo in extremis que incluye lo que ha denominado “la enmienda Catalunya”. Se trataría de una suerte de “cláusula que hace respetar siempre las competencias de Catalunya”. En este caso, se sustanciará mediante una enmienda al articulado.
La formación independentista lamentaba en su enmienda de totalidad que el Proyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos no tenía en cuenta el marco competencial de las Comunidades Autónomas, particularmente, en lo que a Catalunya respecta.
Junts recordaba que el artículo 155 del Estatut d’Autonomia otorga a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual. Además, Catalunya ya dispone de un Registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
Con la enmienda de totalidad de Junts sobre la mesa, el bloque de investidura perdía un importante socio y, dada la ajustada aritmética parlamentaria, el Gobierno volvía a depender de la bancada popular. Así las cosas, el PSOE se planteaba retirar el texto para evitar otra posible derrota que engrosara las cosechadas por la abolición del proxenetismo (rechazada por el Pleno) y la reforma de la ley del Suelo (retirada).
El Proyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, que decayó la pasada legislatura con motivo del adelanto electoral, tiene por objeto crear un organismo que dote a los creadores de una herramienta para hacer frente a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en materia de derechos de autor, así como reforzar la actividad administrativa del Estado en esta materia para adaptar la regulación a las nuevas formas de consumo y difusión de contenido.