La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la 'popular' María José García-Pelayo, ha reiterado en el Senado su reclamación al Gobierno central para que autorice a los ayuntamientos a emplear sus remanentes municipales en proyectos de inversión vinculados a la vivienda.
García-Pelayo se ha expresado en estos términos durante su intervención ante la Comisión General de Entidades Locales de la Cámara Alta, donde ha detallado que la federación municipalista pretende impulsar una modificación de la ley de financiación autonómica con el objetivo de que los remanentes de tesorería puedan utilizarse con carácter plurianual, siempre dentro del respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y a las reglas de gasto vigentes.
Según ha explicado, esta flexibilización permitiría a los consistorios contar con más margen para promover inversiones sostenibles, entre ellas la promoción y construcción de vivienda, al tiempo que contribuiría a dinamizar la economía local y a generar empleo ligado al sector de la construcción.
La también alcaldesa de Jerez ha aprovechado su comparecencia para presentar en el Senado una guía de recomendaciones elaborada por la FEMP —organismo que carece de capacidad normativa— con la finalidad de acelerar desde el ámbito municipal la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda. El documento pone el acento en la gestión del suelo, la simplificación de cargas administrativas y la posibilidad de introducir ajustes en la normativa urbanística.
Durante su exposición, la presidenta de la FEMP ha subrayado además que el problema del acceso a la vivienda exige acuerdos entre administraciones y ha alertado de que se trata de un desafío estructural que "no se soluciona con una ideología", sino mediante políticas basadas en el consenso y la cooperación entre instituciones.
En esta línea, ha remarcado que los ayuntamientos deben desempeñar un papel "importante" en la articulación de respuestas, al ser la administración "más cercana" a la ciudadanía y la que recibe de manera "directa" las quejas y demandas relacionadas con el acceso a una vivienda.
En el turno de los grupos parlamentarios, varias formaciones han coincidido en la "necesidad" de incrementar la oferta de vivienda y de acortar los tiempos de tramitación urbanística para facilitar la construcción.
Así, Vox ha abogado por la liberalización de suelo y la reducción de la burocracia como fórmula para aumentar el parque de viviendas, defendiendo que los procedimientos excesivamente largos acaban restringiendo la oferta y empujando al alza los precios.
"BLOQUEO POLÍTICO" y propuestas de los grupos
También el PNV ha pedido avanzar en cambios legislativos que permitan agilizar la gestión urbanística y ha censurado lo que considera el rechazo a propuestas como la reforma de la ley del suelo. A su entender, en demasiadas ocasiones los partidos están "más pendientes del relato que de solucionar los problemas" que afectan a la población.
Por su parte, Junts ha incidido en la importancia de reforzar el papel de los ayuntamientos y dotarlos de mayores recursos para hacer frente a la crisis de vivienda, además de reclamar que se facilite la puesta en uso de activos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a alquiler asequible.
En la misma dirección, el Grupo Socialista ha defendido las actuaciones del Gobierno en materia de vivienda y ha recordado que la actual ley estatal es la primera que se aprueba en 45 años, subrayando el aumento de la inversión pública dirigida a garantizar el acceso a una vivienda digna.
Finalmente, el Partido Popular ha coincidido en señalar que la falta de suelo finalista y la complejidad de los trámites administrativos constituyen uno de los principales frenos para ampliar la oferta, y ha apostado por medidas que aceleren la concesión de licencias y refuercen la colaboración público-privada en la construcción de nuevas viviendas.