La Mesa del Congreso de los Diputados, reunida este martes, además de confirmar la ubicación de los grupos parlamentarios en el hemiciclo y distribuir los espacios de trabajo, ha calificado cuatro de las cinco proposiciones de ley registradas por el PNV. PSOE y Partido Popular han rechazado la quinta, relativa a la inviolabilidad del rey. Sumar, por su parte, votó a favor de su tramitación.
Tal y como hiciera en junio de 2022, el Grupo Parlamentario Vasco ha vuelto a plantear que se limitase la inviolabilidad del rey, avalada por el Artículo 56.3 de la Constitución Española, relativo al Título II, De la Corona.
La formación vasca pretendía, vía Proposición de ley, limitar dicha inviolabilidad a sus actos institucionales, entendiendo que no es ajustada una interpretación que suponga que el jefe del Estado “esté por encima de los valores estructurales de la propia Constitución y de las leyes, además de que la voluntad del legislador no era que la inviolabilidad fuera absoluta”.
El resto de proposiciones de ley registradas han recibido el visto bueno de la Mesa para comenzar su tramitación. Se trata de una ley de Jurisdicción Universal que persigue evitar impunidades ante graves crímenes internacionales; una del Tribunal Constitucional; otra relativa a una reforma del CNI y el habitual articulado sobre la reforma de la ley de Secretos Oficiales.
El texto registrado sobre el Tribunal Constitucional se mueve en la misma tónica que el impulsado en el año 2016, cuando percutieron para derogar las dos últimas reformas de la Ley Orgánica del TC acometidas en el año 2015 por el Partido Popular. El objetivo es “eliminar los artículos que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias y, por otro lado, derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía”.
La PL sobre la Jurisdiccional Universal aboga por una modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la regulación y “evitar impunidades ante graves crímenes internacionales”.
La reforma del CNI es otra iniciativa con pasado en la Cámara Baja. Se puso sobre la mesa en mayo de 2022, al estallar el caso Pegasus. En este sentido, apuestan por mejorar el control político y judicial sobre sus actuaciones y que el director del Centro Nacional de Inteligencia sea elegido directamente por el presidente, con el objetivo de que las responsabilidades políticas no queden desdibujadas.
Por último, la habitual ley de Secretos Oficiales. El articulado vigente es franquista, puesto que data de 1968, y los jeltzales llevan varias legislaturas intentando reformarla. En concreto, registraron la primera iniciativa en 2016. PSOE y PP bloquearon su tramitación en la Mesa y, al concluir la legislatura, volvieron a registrarla. Ya en junio de 2020, el Congreso dio su visto bueno, pero los socialistas la paralizaron una vez más ampliando sistemáticamente el periodo de enmiendas. Entretanto, el PSOE trabajaba en su propia reforma, pero el Anteproyecto aprobado el 1 de agosto de 2022 no prosperó.
El principal punto de fricción entre los socialistas y sus socios parlamentarios es el plazo de desclasificación. El PNV, en su PL, propone un máximo de 25 años para la información clasificada como secreta y 10 para la reservada. Por su parte, el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros establecía cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación oscilaban entre los cuatro y los 50 años, en función de su categoría, aunque algunos podrían prorrogarse 15 años más.