El pasado 1 de agosto del 2022 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la conocida como ley de Secretos Oficiales. Una primera lectura con la que Moncloa deslizó que la actual ley franquista -data de 1968- que regula la información clasificada vería su fin en esta legislatura. En paralelo, el Congreso de los Diputados ya había dado pasos en este sentido aprobando la toma en consideración en junio de 2020 de una Proposición de ley del PNV que el PSOE mantiene bloqueada sine die en la Mesa ampliando sistemáticamente el plazo de enmiendas. Un filibusterismo que tenía por objeto dar tiempo a los ministerios involucrados (Presidencia, Defensa e Interior) para articular su propia propuesta.
En los últimos días ha habido movimientos, incluidas algunas modificaciones al anteproyecto. No obstante, Unidas Podemos y los socios habituales, además del Partido Popular, critican la ausencia de negociaciones y advierten de que podría decaer, bien por falta de acuerdo o por la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria de elecciones generales.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se postuló como aliado de Pedro Sánchez en esta materia por considerarla un asunto de Estado en el que la alternativa al Ejecutivo debía jugar un papel clave. De hecho, al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto, el dirigente gallego criticó que la ley de Secretos Oficiales fuera “un secreto” para el principal partido de la oposición.
Sus declaraciones no cayeron en saco roto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió al PP su apoyo recordando que el texto podría ser modificado “en los trámites parlamentarios. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, replicó que el Ejecutivo debiera “reconducir” su manera de negociar, alegando que los asuntos de Estado ha de consensuarlos con la alternativa y no con los socios habituales.
Nosotros queríamos que se hiciera por consenso y que se valoraran nuestras aportaciones
PP
Sin embargo, nada de esto ha cambiado. Según confirman fuentes del PP consultadas por Demócrata, no hay ninguna negociación abierta, ni siquiera un conversación informal. “Nosotros queríamos que se hiciera por consenso y que se valoraran nuestras aportaciones”, admiten, pero afean que los socialistas transiten en solitario.
Discrepancias en los plazos de desclasificación
Obstruida -de momento- la vía PP, al PSOE no le queda sino mirar hacia el bloque de investidura, donde el panorama se adivina semejante. Ni siquiera su socio de Gobierno, Unidas Podemos, se ha plegado al anteproyecto. En su caso, el principal obstáculo son los plazos de desclasificación de archivos.
Se crean cuatro categorías de clasificación, homologadas con las utilizadas por la UE y la OTAN: -Alto secreto: 50 años, pudiendo prorrogarse 15 años más. -Secreto: 40 años, pudiendo prorrogarse 10 años más. -Confidencial: entre 7 y 10 años, no prorrogables. -Restringido: entre 4 y 6 años, no prorrogables.
Los plazos previstos concluirán el último día del año en el que venza el plazo de clasificación y la información desclasificada no podrá volver a clasificarse, salvo que la autoridad de clasificación aprecie motivadamente y de forma excepcional que existen razones suficientes que justifican una nueva clasificación.
La nueva norma establece cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación, según el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros, oscilan entre los cuatro y los 50 años, en función de su categoría, aunque algunos podrían prorrogarse 15 años más. Unidas Podemos, desde un primer momento, manifestó su disconformidad, al igual que PNV, ERC y EH Bildu. La cifra no satisface su sed de transparencia y ventilación. A su juicio, un plazo de entre 15 y 20 años sería mucho más razonable.
Un gesto insuficiente
Según ha publicado ABC este miércoles, el Ministerio de Presidencia remitió una nueva versión al Consejo de Estado en la que se rebajaban en cinco años los plazos máximos, hasta los 45. Asimismo, los 40 años prorrogables a otros 10 en caso de información secreta también disminuirían en cinco años (35 + 10). La reducción no ha atraído a los morados, que mantiene su posición inicial.
Otra arista a pulir es la relativa a las prórrogas. Durante una sesión de control celebrada el 29 de septiembre del 2022, la diputada y portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua preguntó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños y éste razonó que, si bien es cierto que otros países como Reino Unido barajaban plazos de 20 años, también contemplaban prórrogas indefinidas. De facto, esto implicaría que cierta información clasificada nunca viera la luz. Precisamente, según el antecitado medio, el Consejo de Estado interpreta que la redacción abre la puerta a “varias prórrogas” y recomienda corregirla para garantizar una única ampliación.
La PL del PNV, bloqueada
Uno de los principales damnificados es el PNV, que podría asistir a una nueva intentona infructuosa de una de las reformas que abandera. Fueron los jeltzales quienes, en 2016, llevaron a la Cámara Baja la primera propuesta para reformar la ley franquista de Secretos Oficiales. No consumó su tránsito hacia el BOE y decayó al concluir la legislatura, por lo que tuvieron que volver a registrarla y, ya en junio de 2020, el hemiciclo dio su visto bueno. Y hasta hoy. Los socialistas bloquean en la Mesa su tramitación ampliando sine die los plazos de enmiendas.
Nos avanzaron que harían algunos cambios después de recibir los informes de los órganos consultivos, pero no nos pasaron ningún texto
PNV
Conscientes de su interés, Moncloa se comprometió con el PNV a informarles de los avances del Proyecto de ley diseñado por el ala socialista. Sin embargo, desde el grupo parlamentario aseguran a Demócrata que no está cumpliendo. “Nos avanzaron que harían algunos cambios después de recibir los informes de los órganos consultivos, pero no nos pasaron ningún texto a pesar de haberlo solicitado”. La conclusión que extraen es que “como ya avanzamos, no va a dar tiempo a que se tramite”. “Este tema va a quedar, seguramente, más como un paripé que como otra cosa”, remachan.
La competencia para la clasificación, reclasificación y desclasificación de la información que corresponda a las categorías de Confidencial y Restringido, se atribuye, dentro de sus competencias, a las siguientes autoridades:
- Al Presidente del Gobierno y a los titulares de las Vicepresidencias del Gobierno.
- Los titulares de los Ministerios, Secretarías de Estado y Subsecretarías en sus respectivos Departamentos.
- El Director del Centro Nacional de Inteligencia.
- El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Jefe del Estado mayor del Ejército, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, el o la Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio.
- Los Jefes de Misión Diplomática y de Oficinas Consulares.
- El Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.
- Los Delegados y Subdelegados del Gobierno.
- El Director del Departamento de Seguridad Nacional.
- El Director General de la Policía.
- El Director General de la Guardia Civil.
- El Secretario General de Instituciones Penitenciarias
- Las autoridades autonómicas competentes en materia de policía, en aquellas Comunidades Autónomas tengan competencias