Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona han cargado contra el ejecutivo del alcalde Jaume Collboni por el reciente desmantelamiento del campamento situado en la calle 2 del polígono de la Zona Franca, ejecutado el pasado martes, reprochando la ausencia de opciones habitacionales y de "soluciones estructurales" para las personas afectadas.
El asunto se ha abordado en la Comisión de Derechos Sociales de este martes, a raíz de una iniciativa del PP, que solicitó la comparecencia del gobierno municipal del PSC para dar explicaciones sobre su actuación. En el debate, Junts, BComú, ERC y Vox han coincidido en señalar la falta de previsión y de planificación por parte del consistorio.
La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento, Sonia Fuertes, ha insistido en que "no fue un desalojo, fue un levantamiento" y ha defendido que la intervención respondió a criterios de salubridad, descartando que estuviera motivada por razones de seguridad.
Fuertes ha subrayado que "las personas no han sido expulsadas del territorio, se han podido instalar cerca de donde estaban" y ha recordado que se trata de una problemática "muy compleja" que se repite en grandes urbes, donde el objetivo compartido es que no se vean abocadas a vivir en asentamientos, sino a "promover que tengan otro tipo de vida".
En este contexto, ha apelado a la "responsabilidad compartida y mirada metropolitana" y ha precisado que, de las 175 personas afectadas por la operación, 151 mantienen algún tipo de vínculo con los diferentes servicios municipales.
Posiciones de los grupos municipales
El concejal del PP, Antonio Verdera, ha defendido que lo ocurrido no puede considerarse un hecho menor y ha recalcado que "cuando una actuación obliga a abandonar un espacio, las alternativas deben estar preparadas".
Desde Junts, la concejal Titón Laïlla ha criticado que el gobierno de Collboni "llega tarde, se mueve mal y solo lo hace cuando hay presión mediática", y ha interpretado la intervención como una gran operación de imagen, según sus palabras.
El edil de Vox, Liberto Senderos, ha sostenido que el levantamiento respondió a una reacción puntual y no a una estrategia planificada, y ha añadido que el Ayuntamiento no está evitando la consolidación de asentamientos, sino que "intentan que no generen demasiado ruido".
Cruce de reproches y debate sobre el sinhogarismo
Las concejalas de BComú y ERC, Carol Recio y Eva Baró, han acusado al PP de incoherencia por exigir explicaciones en Barcelona por este operativo y no haber actuado del mismo modo en Badalona (Barcelona), donde se procedió al desalojo de 400 personas en el antiguo instituto B9.
Recio ha reclamado además al ejecutivo municipal que se "aclare para liderar el sinhogarismo" y que impulse medidas de carácter más integral para abordar esta realidad.
Por su parte, Baró ha remarcado que cuando se vota en contra de las políticas de vivienda y de la reforma laboral, "se contribuye al fenómeno de sinhogarismo", vinculando así las decisiones legislativas con el aumento de las situaciones de exclusión residencial.