La diputada del Grupo Mixto y presidenta de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Cerredo, Covadonga Tomé, ha acusado este martes al PSOE, principal socio del Gobierno asturiano, de estar “huyendo” de sus obligaciones después de que los socialistas expresaran su rechazo a la proposición de ley que busca adelantar las indemnizaciones a las familias de las víctimas de los siniestros de 2022 y 2025.
En una comparecencia ante los medios, Tomé ha expresado su “decepción” con la actitud de la parte socialista del Ejecutivo regional, a la que achaca una “falta de empatía y de capacidad” que considera impropia de un gobierno que se define como “reformista y progresista”. “Cada paso que dan es una muestra más de su empeño en desligar la actuación del Ejecutivo de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido en Degaña”, ha afirmado.
La parlamentaria ha tildado de “trilerismo” los argumentos del Consejo de Gobierno para vetar la tramitación de la norma alegando su impacto en las cuentas públicas. Según ha explicado, el Ejecutivo sostiene que no es posible recurrir al fondo de contingencia porque solo puede emplearse para imprevistos del ejercicio en curso (2026), mientras que los accidentes tuvieron lugar en 2025.
“Dicen que los hechos no son de este ejercicio, pero si hubieran articulado las ayudas en 2025 no estaríamos en este conflicto”, ha remarcado Tomé, que también ha incidido en que cualquier fórmula alternativa de apoyo que ponga ahora sobre la mesa el Principado tendrá “el mismo impacto presupuestario” que la proposición que ella impulsa.
A su juicio, el veto del Gobierno no responde a un problema de disponibilidad de recursos, sino a la voluntad de evitar que se reconozca la “responsabilidad institucional” en una explotación de titularidad pública que, según ha recordado, debería haber estado “monitorizada e inspeccionada”.
Tomé ha cargado además contra el informe elaborado por el grupo socialista para justificar su rechazo a la iniciativa parlamentaria, al que acusa de estar “plagado de inexactitudes” y de ser “malintencionado”, sobre todo por descartar la analogía con las ayudas concedidas a las víctimas del accidente de Adamuz.
“El Gobierno habla de forma confusa sobre competencias estatales o servicios públicos, pero lo cierto es que aquí estamos ante una empresa pirata, insolvente y un caso de terrorismo patronal en suelo público”, ha reiterado la diputada.
En relación con el anuncio del Ejecutivo autonómico de crear un fondo general para víctimas de siniestros laborales a partir de 2025, Tomé ha alertado de que podría tratarse de una operación para “enmascarar la tragedia” y diluir el foco sobre el caso concreto de Cerredo.
“Tratan de disfrazarlo de lucha contra la desigualdad entre víctimas, pero en realidad va de escapar de la asunción de responsabilidades”, ha señalado, recordando que esta era una propuesta sindical planteada ya en 2024 en el marco de “un supuesto pacto por la siniestralidad laboral y nunca más se hizo nada al respecto”.
Cuestionada sobre la iniciativa de otros grupos para que el alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, figure en el dictamen, la presidenta de la comisión ha admitido que su intervención fue significativa, pero ha subrayado que el mandato de la comisión se centra en depurar las responsabilidades del Gobierno autonómico. “Habrá que debatir si cabe o no incluir a una persona de otra administración como es un ayuntamiento”, ha zanjado.