QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde a la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la difusión de la ubicación de controles en redes sociales. La iniciativa ha salido adelante con el voto favorable de toda la cámara excepto el rechazo de Vox y la abstención Partido Popular.
La norma busca establecer una tasa de 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre para todos los conductores, independientemente del tipo o antigüedad de su permiso. Esto, de acuerdo con el texto, eliminaría los problemas de comunicación y confusión que supone tener normas diferenciadas para conductores noveles y profesionales.
Desde el PSOE se argumenta que lo que se pretende es extender la idea de que «un consumo moderado es aceptable y está permitido, y solo los excesos están prohibidos».
Ha sido el diputado, Manuel Arribas, quien ha defendido la iniciativa durante la sesión plenaria. «La seguridad vial no entiende de colores. Los accidentes le ocurren igual a la gente de derechas y de izquierdas. Alcohol y conducción no pueden ir de la mano», ha expresado el socialista.
Arribas ha explicado que el texto persigue dos objetivos fundamentales: reducción de la tasa máxima de alcohol permitida para la conducción y la prohibición en redes sociales de la ubicación de los controles de alcohol y drogas. «Ambas medidas nos ayudarán a salvar vidas», ha concluido.
En septiembre, fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien abrió el paso a esta medida al afirmar que «la sociedad española está madura» para aprobar la propuesta.
Lo cierto es que en países como Suecia o Noruega, la tasa para todas las personas conductoras ya es de 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre. En este sentido, Junts achaca que «hay que armonizar las normativas de seguridad vial con los estándares internacionales».
Examen sorpresa
Además, la iniciativa prohibiría la difusión de información sobre controles policiales de alcohol y drogas en medios públicos para garantizar su efectividad.
La proposición explica que que «el derecho a comunicar no puede poner en peligro la vida y la libertad de circulación en condiciones de seguridad». Así el texto quedaría redactado de la siguiente forma: «Se prohíbe la difusión por cualquier medio, público o privado, de todo dato o información relativa a la ubicación de controles policiales de alcohol y drogas, así como de cualquier otro establecido por razones de seguridad vial».
Es en este punto donde Junts ha encontrado más pegas al texto. Su diputada, Marta Madrenas, ha expuesto en el debate que el texto redactado de la iniciativa «va mucho más allá» de lo que justifican los socialistas. «Es una medida poco concreta», ha apuntado Madrenas.
Ir más allá
Por su parte, desde Esquerra Republicana de Cataluña, apuntan a que la ley debería ir acompañada de medidas estructurales para paliar «una emergencia estructural». «No es suficiente cambiar el límite legal, hace falta una educación vial transformadora», ha afirmado la diputada Inés Granollers en el debate.
Los Populares han manifestado su desacuerdo con la tramitación de la iniciativa socialista ya que aseguran que esta no cuenta con «ningún informe sobre su viabilidad, ningún análisis de impacto, ni de efectividad de la medida. En palabras de la diputada Bella Verano: «La seguridad vial debe tratarse con sumo cuidado».
