Con 176 votos a favor, 170 votos en contra, de los 346 votos emitidos, la Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana ha superado su toma en consideración. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Plurinacional Sumar, EH Bildu, ERC y PNV, ha logrado también adherir el apoyo de los diputados de Junts, Podemos y BNG.
La norma pretende reformar la Ley de Seguridad Ciudadana que modificó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, más conocida desde entonces por sus detractores como Ley Mordaza. El texto base es el mismo que decayó en comisión en la pasada legislatura, pero incorporando los cuatro puntos de fricción que entonces provocaron el rechazo de la izquierda abertzale y de los republicanos: las devoluciones en caliente, la revisión de las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia y la prohibición del uso de las pelotas de goma.
Precisamente este último ha sido la cuestión que mayor fricción ha causado en el debate parlamentario. Partido Popular, Vox y UPN han mantenido un tono muy bronco durante toda la sesión, en línea con su voto negativo.
El portavoz de los populares, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno y a sus socios de «desproteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con su reforma». Además, ha asegurado que si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, derogar esta ley «insensata» será una de sus prioridades.
Para el diputado de UPN, Alberto Catalán, lo que persiguen los grupos proponentes es «la pérdida de autoridad de los agentes», idea en la que también ha profundizado Vox. Ignacio Hoces ha criticado al Ejecutivo, por a su juicio, una propuesta redactada para satisfacer a sus socios sin tener en cuenta a los profesionales que se van a ver afectados por la misma: «¿Para quiénes legislan?«.
Frente a los reproches de la oposición, los grupos parlamentarios firmantes han mantenido un frente común. Enrique Santiago (Sumar), que ha sido durante las últimas legislaturas el rostro y la voz de la reforma, ha afirmado que «España es un país seguro que arrastra una legislación restrictiva». Por su parte, el diputado del PSOE, David Serrada, lo ha calificado «como uno de los debates más relevantes en lo que llevamos de legislatura».
«Sin chantajes»
Mikel Legarda (PNV) durante su intervención ha hecho un repaso a todos los intentos fallidos por sacar adelante la reforma y ha lamentado que el Grupo Popular, en la XII Legislatura (2019-2019), se uniera a los trabajos impulsados por su partido y el PSOE para estudiar su reforma y en cambio, ahora, haya abandonado la «actitud constructiva que mostró por una clara actitud beligerante».
Sobre los asuntos que en el pasado hicieron dinamitar las negociaciones entre el Gobierno de coalición y ERC y EH Bildu, el diputado abertzale Jon Iñarritu ha defendido que hubiera sido un «sinsentido» aprobar una reforma que no desactivara las partes «más lesivas» de la ley. Por su parte, Francesc-Marc Àlvaro (ERC) ha celebrado que «aquello que hace un año era imposible ahora sea posible».
Como han recordado con pesar varios de los ponentes de la reforma, la norma lleva más tiempo con el Gobierno de coalición de izquierdas que el tiempo que estuvo en vigor con el PP.
En el sí con condiciones, y bajo advertencia de enmendar durante la tramitación, se han situado el BNG, Podemos y Junts. En nombre de esta última formación, ha intervenido Josep Pagès i Massó, quien se ha dirigido al Gobierno en estos términos: «No aceptamos el chantaje de adhesión total o nada». «Si no atienden nuestras premisas, será muy difícil que la tramitación llegue a buen puerto», ha apostillado el diputado de Junts.
«Tenemos al alcance de la mano lo que probablemente es la última oportunidad para acabar con la Ley Mordaza» ha insistido Santiago (Sumar). La propuesta avanza ahora a la siguiente fase de la tramitación parlamentaria con la esperanza de Iñarritu (EH Bildu), de que vuelva al Pleno antes de que acabe el año y sea» el mayor de los regalos para Navidad».
Sobre el fondo
En cuanto al grueso de las medidas acordadas, se mantienen todas, como la de imponer sanciones proporcionales atendiendo a la minoría de edad y a la capacidad económica del infractos. El dictamen que ahora se rescata establece una reducción del 50% de las multas a personas que acrediten ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo y del 25% entre esa franja y 2,5 veces.
Se contempla igualmente la posibilidad de reducir multar o suspenderlas en caso de acuerdos, se eliminan las sanciones al top manta, se suprime la penalización de difusión de imágenes de protestas o de actividades de las Fuerzas de Seguridad y se reducen las multas por tenencia de cannabis.
La ausencia de comunicación previa a una manifestación ya no impediría el ejercicio del derecho de reunión, toda vez que se ejerza de forma pacífica, y no se multaría subsidiariamente a organizadores de manifestaciones si se producen altercados; se elimina el criterio absoluto de veracidad de los agentes; se modifican los tiempos de identificación (dos horas, prolongable a seis).
Además se suprime la sanción a las reuniones celebradas frente al congreso. «Está muy bien que la gente venga a manifestarse aquí a la puerta», ha expresado Santiago desde la tribuna del hemiciclo.