La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como Mordaza, decayó la pasada legislatura en la Comisión de Interior por el rechazo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu a un dictamen que consideraban poco ambicioso. Fue uno de los compromisos del Ejecutivo y una de sus asignaturas pendientes. Ahora, Sumar ha rescatado aquel articulado, recuperando el debate en el mismo punto donde lo dejaron entonces.
La formación liderada por Yolanda Díaz ha registrado como reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana la última versión del dictamen, esto es, dejando al margen las dos cuestiones que provocaron la negativa de los republicanos catalanes y la izquierda abertzale: las devoluciones en caliente y las pelotas de goma.
El resto, tal y como ha explicado el portavoz de Interior del grupo plurinacional y dirigente de IU, Enrique Santiago, es exactamente lo mismo. A su juicio, la iniciativa implicaría la “derogación de facto” de la ley Mordaza y espera pulir los puntos calientes con los socios en el proceso de enmiendas.
Lo que no incluye
Había cuatro puntos discordantes que distanciaban a los socios del Gobierno: las pelotas de goma, las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, el concepto de desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a la misma. Los dos últimas fueron pulidas en la última sesión de la Comisión, pero quedaban los otros dos.
Para desbloquear las conversaciones, los socialistas plantearon incorporar una disposición para comprometer al Ejecutivo a estudiar y revisar todos los materiales antidisturbios que pudieran emplearse, pero no se hacía una referencia expresa a las pelotas de goma.
En cuanto a las devoluciones en caliente, el PSOE esperaban extirparlas del debate y que sus socios aceptaran tratarlas en la futura Ley de Extranjería. Tanto ERC como EH Bildu se negaron porque no vislumbraban visos de que fuera modificada en lo que restaba de legislatura.
Enrique Santiago ha abundado en que ambas cuestiones pueden tratarse vía enmienda, deslizando que la posición de su grupo es de “máximos”.
Lo que sí
En cuanto al grueso de las medidas acordadas, se mantienen todas, como la de imponer sanciones proporcionales atendiendo a la minoría de edad y a la capacidad económica del infractos. El dictamen que ahora se rescata establece una reducción del 50% de las multas a personas que acrediten ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo y del 25% entre esa franja y 2,5 veces.
Se contempla igualmente la posibilidad de reducir multar o suspenderlas en caso de acuerdos, se eliminan las sanciones al top manta, se suprime la penalización de difusión de imágenes de protestas o de actividades de las Fuerzas de Seguridad y se reducen las multas por tenencia de cannabis.
La ausencia de comunicación previa a una manifestación ya no impediría el ejercicio del derecho de reunión, toda vez que se ejerza de forma pacífica, y no se multaría subsidiariamente a organizadores de manifestaciones si se producen altercados; se elimina el criterio absoluto de veracidad de los agentes; se modifican los tiempos de identificación (dos horas, prolongable a seis).