Con 347 votos emitidos, 177 votos a favor y 170 votos en contra, la Proposición del Ley para reformar el marco regulatorio del CNI impulsada por el PNV ha superado su toma en consideración. Han apoyado la proposición el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. El PP, Vox y UPN se han situado en el no.
Se trata de una propuesta gestada al calor del caso Pegasus y su propósito es mejorar el control político y judicial sobre sus actuaciones y que el director del CNI sea elegido directamente por el presidente del Gobierno, de tal manera que las responsabilidades políticas no queden desdibujadas.
La iniciativa ha sido defendida en el Pleno por Mikel Legarda (PNV), quien ha puesto el foco en la búsqueda de un equilibrio lógico: «Compartimos que la discreción y la reserva son principios de la actuación de los servicio de inteligencia, pero a su vez deben de compatibilizarse con la protección de los derechos fundamentales y la existencia de controles externos e internos«.
En sintonía con la exposición de motivos de la iniciativa, Legarda ha expresado la necesidad de «perfeccionar el marco normativo del CNI» transcurridas más de dos décadas desde la aprobación de la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. Ambas leyes fueron la reacción del Ejecutivo de José María Aznar al caso de las escuchas ilegales cometidas por distintos miembros del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) entre 1983 y 1991.
Mayor responsabilidad política
Legarda ha señalado que si su grupo parlamentario ha vuelto a traer esta iniciativa que ya registraron en la anterior legislatura es porque el Gobierno de Pedro Sánchez no había cumplido con sus compromisos en esta materia. Como han recordado varios portavoces, fue el propio Sánchez quien en mayo de 2022 anunció ante la Cámara Baja su intención de actualizar la normativa del CNI y de aprobar una nueva ley de secretos oficiales. Precisamente, el PNV también es muy sensible a esta última cuestión.
