El 28 de diciembre, se publicó en el BOE un Real Decreto –RDL 8/2023– que ha inyectado nuevos aires en el sector energético y, especialmente, en las renovables. El director general de la asociación de empresas fotovoltaicas, Jose Donoso, resume la esencia de la norma: “Imprescindible y necesaria porque nos estábamos jugando todo el futuro de la transición ecológica”. Casi nada.
El alivio del sector es evidente. España tiene objetivos ambiciosos a 2030 y había muchos proyectos concentrados en los próximos dos años. Una presión que originaba problemas de disponibilidad de materiales, de mano de obra y que amenazaba la viabilidad de los proyectos. El decreto, en suma, intenta solventar una situación temporal en la cual había mucha tensión, transformada en aumento de costes y menos proyectos.
La medida esponja el sector
Los proyectos fotovoltaicos tendrán 36 meses para la consecución de la Autorización Administrativa de Explotación, y de seis meses para la Autorización Administrativa de Construcción.
Además, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación. No es una extensión generalizada. Hay que justificar la extensión y concretar cuándo se va a poner en marcha el proyecto. Una buena idea, opinan los expertos consultados.
La norma contiene novedades importantes sobre la regulación de los sectores eléctrico y de hidrocarburos.
