El Gobierno de coalición mantiene el rumbo en la transición energética, pero con tensiones internas. PSOE y Sumar -Teresa Ribera y Yolanda Díaz- pueden compartir la estrategia, pero no la táctica. El pacto entre ambas formaciones incluye el compromiso de llegar al 48% de cuota renovable sobre el uso final de la energía en 2030 y un 81% en la generación de electricidad. Es un objetivo ambicioso, que supera los fijados por la UE en la última directiva aprobada en octubre y que mantiene a España a la cabeza del despliegue verde en Europa.
Batallas de pioneros
Para alcanzar el objetivo, la vicepresidenta tercera considera fundamental atraer inversiones y, en la medida de lo posible, evitar el choque frontal con los grandes grupos energéticos. Por esa razón el Gobierno ha suavizado el impuesto energético a las grandes compañías. Menos impuestos a cambio de inversiones en proyectos verdes. A empresa que invierte, puente de plata. Incluso aunque no esté claro cuánto invierte.
Por la misma razón, Ribera ha ampliado los plazos para cumplir con los hitos marcados en el Real Decreto-ley 23/2020 para los permisos de construcción y enganche a la red de proyectos fotovoltaicos que acababan en 2025. “Nos jugábamos el futuro” respira aliviado José Donoso, director de la asociación de empresas fotovoltaicas (UNEF), convencido de que -ahora sí- España puede mantener la delantera en la carrera del sol.
