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Actualidad

Las seis proposiciones de ley que decayeron la pasada legislatura y han sido rescatadas por Podemos

La formación morada recupera iniciativas que, bien por falta de tiempo o por discrepancias con su entonces socio de Gobierno, el PSOE, no consumaron su camino hacia el BOE.

Adrián LardiezÁlex MorenoporAdrián Lardiez,Álex Moreno
22/01/2024 - 05:00 - Actualizado: 22/01/2024 - 21:10
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 20 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Fuente Eduardo Parra/ EuropaPress.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 20 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Fuente Eduardo Parra/ EuropaPress.

Podemos ha rescatado media docena de proposiciones de ley que impulsó la pasada legislatura y que decayeron con motivo de la disolución de las Cortes Generales y el consecuente adelanto electoral. Uno de los motivos que esgrimió la formación morada como justificación para abandonar el Grupo Plurinacional de Sumar e inscribirse en el Mixto fue que los de Yolanda Díaz no les concedieron una portavocía, cercenando así su capacidad de registrar iniciativas propias. Ahora, tras haber aterrizado en el Mixto, recuperaron algunas que no consumaron su camino hacia el BOE.

Salud mental

La Proposición de ley General de Salud Mental registrada en su momento por Unidas Podemos y rescatada ahora por sus cinco diputados adscritos al Mixto fue tomada en consideración, pero nunca superó el periodo de enmiendas. El PSOE, aunque votó a favor, no hacía más que dilatar el plazo de enmiendas como estrategia para mantenerla paralizada ya que no la respaldaba.

Su propuesta dibuja una ratio mínima de profesionales para cumplir con el derecho reconocido a una atención integral a la salud mental. Para ello, piden disponer de 18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23 enfermeros o enfermeras especialistas por cada 100.000 habitantes. Estas ratios mínimas se alcanzarán progresivamente en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley.

También se concretarán unos tiempos máximos para la atención de la salud mental, que serán decretados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y especificados en la cartera de servicios de salud mental de cada comunidad autónoma.

La ley de Salud Mental fue tomada en consideración, pero el PSOE ampliaba sistemáticamente el plazo de enmiendas.

El articulado urge a elaborar una investigación pública sobre el suicidio orientada a mejorar el conocimiento de los factores de riesgo y los grupos expuestos a situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, el Ministerio de Sanidad habrá de elaborar un protocolo de prevención consensuado en el marco del Consejo Interterritorial.

Se exigirá a las empresas la protección de la salud mental en el seno de la prevención de riesgos laborales. Será el empresario el que deberá adoptar medidas de prevención tales como el derecho efectivo a la desconexión digital, la promoción de un ambiente saludable de trabajo y el mantenimiento del bienestar emocional. En este sentido, deberá prestar atención a los casos de acoso.

Tope a las hipotecas

La proposición de ley regula una reducción temporal del diferencial aplicable en las hipotecas a tipo variable de la vivienda habitual, para deudores en situación de vulnerabilidad económica, con independencia de que el deudor forme parte o no de una unidad familiar. La propuesta obliga a las entidades a rebajar el tipo diferencial de estas hipotecas a un 0,10%, sin ningún aumento del plazo de amortización del crédito.

Para acceder a este tope Podemos plantea como requisitos que la cuota hipotecaria, más gastos y suministros básicos suponga el 30% o más de los ingresos netos en una unidad familiar y que el conjunto de los ingresos no supere 3 veces el IPREM (19.179 euros). Este umbral se aumentaría por cada hijo a cargo o persona mayor de 65 años en la unidad. En caso de no formar parte de una unidad familiar el umbral sería de 1,5 veces el IPREM (12.600 euros).

La propuesta fue registrada en septiembre de 2022, tras plantearlo Unidas Podemos durante la negociación para un decreto-ley con medidas de respuesta a la crisis energética y de precios. No llegó a debatirse antes de la disolución de las Cortes. Cuando se presentó, el euríbor había escalado del -0,5% a principios de 2022 al 2% en septiembre de ese año. Ahora se sitúa en el 3,6%

Impuesto sobre grandes fortunas

Podemos impulsó este nuevo impuesto en abril de 2022 y lo llevó al Pleno dos meses después. El Congreso lo rechazó entonces, al no contar con el apoyo del PSOE. Meses después ambos partidos impulsarían la creación de un nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Se aprobó a través de una enmienda a la proposición de ley que creaba los gravámenes a banca y energéticas.

El impuesto planteado por Podemos define el valor de la gran fortuna individual a partir de 10 millones de euros, entre bienes exentos y no exentos y propone una nueva escala de gravamen con ocho tramos y tipos marginales desde el 3,6% hasta el 5% sobre el patrimonio total exento y no exento, deducidas las deudas y cargas deducibles, permitiendo reducir la cuota líquida con la cuota a ingresar en el Impuesto sobre Patrimonio.

El nuevo impuesto supone una subida de tipos marginales entre los 0,1 y 1,5 puntos porcentuales en Patrimonio. Para aquellos que sí contribuyen al Impuesto el nuevo tributo supone un aumento de carga entre 0 y 0,7 puntos, mientras que quienes tienen el impuesto bonificado la carga de la escala oscilaría entre el 1,7% y el 4%.

Protección para Doñana

De la mano de Alianza Verde y con Juan Antonio López de Uralde al frente, Unidas Podemos registró una Proposición de ley para el reconocimiento de personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección. Mediante este articulado, que han recuperado coma por coma, pretenden dotar al Parque Nacional y a su zona periférica de personalidad jurídica, de manera que se reconocería como sujeto de derechos con capacidad de obrar -como ocurre con el Mar Menor y su cuenca-.

La Proposición de ley avala a cualquier persona física o jurídica para la defensa de Doñana. Las acciones judiciales se presentarán en nombre del ecosistema como la verdadera parte interesada. La persona que iniciara la acción de defensa tendrá derecho a recuperar el coste económico de todo el litigio emprendido, incluidos los honorarios de los abogados, procuradores, peritos y testigos. Además, estará exento de las costas procesales y de las fianzas en materia de medidas cautelares.

La ley incluye un apartado con deberes para todas las autoridades e instituciones:

  • Desarrollo de políticas públicas de prevención, alerta temprana y protección.
  • Promoción de campañas de concienciación.
  • Estudio periódico de su estado
  • Restricción inmediata de actividades que afecten negativamente al Parque.
  • Prohibición o limitación de organismos y/o materiales que puedan alterar Doñana.

Subsidio y renta agraria

Esta proposición de ley es una de las reivindicaciones mantenidas por Podemos desde su entrada en el Congreso en 2016. Llegó a defenderla Diego Cañamero, exalcalde de Marinaleda. Promueve la unificación del subsidio y la renta agraria, con el fin de mejorar la protección social de los trabajadores del campo en Extremadura y Andalucía.

La propuesta elimina además el requisito de las peonadas y permite la compatibilidad del trabajo y el cobro del subsidio en determinadas circunstancias.

Paradójicamente, estas propuestas estaban recogidas en el decreto-ley que no pudo ser convalidado por el rechazo, entre otros, de Podemos.

Cannabis

La Proposición de ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas adultas tiene por objeto establecer un marco jurídico para la regulación integral de los productos del cannabis, desde su producción y transformación hasta su consumo final.

La iniciativa regularía el consumo; todo el ciclo completo de cultivo, producción, extracción y transformación; establece los límites de compra, dispensación y tenencia; dibuja el régimen administrativo de control, infracciones y sanciones; tasas fiscales; licencias; seguimiento y evaluación.

La propuesta permitiría sembrar, cultivar, producir, extraer, transformar, transportar, distribuir, dispensar, vender y consumir productos del cannabis siempre y cuando se cumplan los requisitos y se respeten las limitaciones de la propia ley y sus consecuentes reglamentos.

Se crearía la Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (AECRIC) como ente público independiente, con sede propia y adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Su propósito sería desarrollar las actuaciones necesarias para la correcta implementación de la ley.

Sin prisa

Fuentes parlamentarias de la formación morada explican que, aunque algunas de ellas ya fueron abordadas con el PSOE, no tienen prisa por retomar las negociaciones. Esperarán al momento en que les toque cupo para elevar una iniciativa al Pleno para escoger la iniciativa y arrancar las conversaciones.

Etiquetas: cannabisDoñanaPodemosSalud Mental

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