QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Claqueta y, ¿acción? El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual permanece bloqueado a pesar de que se trata de una iniciativa heredada de la pasada legislatura y que la industria ansía una actualización. ¿Ha llegado su momento? ¿Qué está ocurriendo?
El proyecto de ley del Cine fue aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de junio del 2024 y remitido al Congreso para su tramitación. Desde entonces, dormita al calor de sistemáticas ampliaciones del plazo de enmiendas.
En una entrevista con Demócrata, el diputado de Sumar y portavoz adjunto en la Comisión de Cultura, Nahuel González, sin aventurarse a calendarizar su tramitación, explicó que comenzarán a trabajarse las enmiendas en este 2025. En septiembre arranca un nuevo periodo de sesiones, y con él, una nueva oportunidad para desbloquear la iniciativa.
González explicó que el retraso se debe a que se está madurando el texto. “No sirve de mucho una ley que se hace rápido y que no tiene el consenso de los sectores que les va a afectar. Las leyes tienen que tener un proceso, mucho diálogo. Y en el caso de la Ley del Cine estamos manteniendo reuniones y escuchando a diversos sectores que les va a afectar”, remachó.
Puntos calientes
Al mantener el grueso de la redacción de la pasada legislatura, el texto hereda, de facto, una serie de puntos calientes que deberán ser pulidos durante la tramitación parlamentaria. En concreto, según fuentes del sector, serían dos: la cuota de pantalla y la ventana de exhibición.
La ley vigente fija a las salas de cine un porcentaje mínimo del 25% para cine comunitario como medida de protección. El proyecto de ley relaja esta imposición en cinco puntos, hasta el 20%; y para su cumplimiento se incluiría, además del cine europeo, el cine iberoamericano; a lo que habría que sumar una serie de factores de valor doble a la hora de calcular el cómputo global anual.
Para las productoras independientes esto no es suficiente. Tal y como publicó Demócrata, urgen a endurecer la cuota y elevar el porcentaje al 40%, estableciendo además un límite de pantallas por película.
Las productoras independientes celebran esta iniciativa mientras desde FECE (Federación de Cines de España) no ven con buenos ojos la rebaja de la cuota de pantalla porque entienden que no es suficiente. En su lugar, apuestan por suprimirla y dar incentivos al espectador, invirtiendo en promoción y publicidad para las películas. En sintonía, además de la supresión de la cuota de pantalla, FECE pide eliminar las infracciones y sanciones que conllevaría su incumplimiento.
La ventana de exhibición, es decir, el margen de tiempo que los cines tienen para poder mostrar una película en exclusiva antes de que salga en formato físico, en streaming o en plataformas de VOD (video-on-demand) es otro de los grandes puntos de fricción.
La legislación actual no lo regula y las salas de cine piden que sí se ataje. FECE solicita que las películas cinematográficas y demás obras audiovisuales que se proyecten o estén destinadas a proyectarse en primer término en salas de cine, habrán de disponer de un periodo de exclusividad de proyección de cuatro meses antes de ser difundidas por cualquier otro medio o soporte. Este plazo podría ser negociado entre las organizaciones intervinientes en la cadena cinematográfica.
Otras claves
Tiempo ha que el sector en su conjunto demanda una actualización que tenga en cuenta los avances tecnológicos y los nuevos formatos de consumo. En este sentido, el objetivo de la Ley del Cine es fortalecer y apoyar a toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial del ámbito de la cinematografía, con especial interés en los independientes; al tiempo que se respalda a los autores y autoras y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, en un contexto que salvaguarde la autonomía creativa.
También aspira a dotar a la industria de las herramientas para adaptarse a las nuevas tecnologías, formatos y hábitos de consumo; apostando por el valor del patrimonio audiovisual, a través de su reivindicación, del desarrollo de audiencias y de programas educativos.
A lo largo de todo el cuerpo normativo, se hace especial hincapié en los nuevos lenguajes y definiciones, los nuevos formatos, el catálogo de incentivos fiscales y ayudas, así como un nuevo régimen sancionador.
Asimismo, se flexibilizan los requisitos para la obtención de la nacionalidad española de las obras cinematográficas y audiovisuales ya que, según el Gobierno, en determinados casos se daban circunstancias que obstaculizaban la creación.
Ayudas
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA) elaborará un presupuesto cada ejercicio con ayudas para el fomento de la creación, producción, distribución, exhibición y promoción de películas y otras obras audiovisuales, con especial interés en los sectores independientes y de obras de interés cultural.
También se facilitará el acceso a créditos en condiciones favorables a proyectos que incorporen medidas de accesibilidad como traducción a la lengua de signos, subtitulado y audiodescripción; así como proyectos con medidas de sostenibilidad. Además, fomentará medidas para promover la igualdad de género en el sector.
Además, la ley recoge ayudas para la escritura de guiones y el desarrollo de proyectos audiovisuales. Los beneficiarios deberán cumplir con los tiempos y las condiciones establecidas. De igual forma, se explicita la concesión de ayudas a aquellos proyectos cuya versión original sea de alguna de las lenguas oficiales españolas o del lenguaje de signos español; y una serie de incentivos fiscales aplicables que favorecerán e impulsarán el sector a diferentes niveles.
La nueva ley establece una enumeración de películas y otras obras audiovisuales que no podrán acceder al catálogo de ayudas ni beneficios:
- Las películas cinematográficas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual. En el caso de otras obras audiovisuales, podrán recibir ayuda las coproducidas por una productora independiente y una prestadora del servicio de comunicación audiovisual comunitaria, según las condiciones que se establezcan en las bases reguladoras correspondientes.
- Las financiadas íntegramente por Administraciones públicas.
- Las que tengan un contenido esencialmente publicitario y las de propaganda política.
- Las que hubieran obtenido la calificación de película «X».
- Las producciones que vulneren o no respeten los derechos morales y de que integran los derechos de autor, así como resto de los derechos de propiedad intelectual establecidos en la normativa española. f) Las que, por sentencia firme, fuesen declaradas en algún extremo constitutivas de delito.
- Las producidas por empresas que no hayan cumplido sus obligaciones con el personal e y con las industrias técnicas de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3.
Pero, antes que nada…
En la pasada legislatura el Congreso mantenía paralizado al Proyecto de Ley del Cine por un motivo: los grupos parlamentarios querían, primero, encarrilar y resolver el Proyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos.
En la presente legislatura (XV), se pretende transitar el mismo camino. Esta iniciativa está más avanzada que la del Cine, puesto que ya hay ponentes designados y la Comisión de Cultura aguarda el informe de la ponencia desde el pasado 31 de octubre. Según fuentes de la ponencia consultadas por Demócrata, «no hay ningún problema u obstáculo» en la iniciativa, sino que es más cuestión de fijar una fecha, «que no tardará».
Su propósito es crear un organismo que dote a los creadores de una herramienta para hacer frente a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en materia de derechos de autor, así como reforzar la actividad administrativa del Estado en esta materia para adaptar la regulación a las nuevas formas de consumo y difusión de contenido.
