El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes a primera hora desde Moncloa para anunciar los sustitutos de Carolina Darias y Reyes Maroto, ministras de Sanidad e Industria respectivamente que dejarán sus carteras para ser candidatas a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. José Manuel Miñones será el encargado de relevar a la primera y, Héctor Gómez, hará lo propio con Maroto.
El rostro del político canario es de sobra conocido, sobre todo en el Congreso de los Diputados, donde ya que ejerció como portavoz del Grupo Socialista durante la presente legislatura en sustitución de Adriana Lastra. Un sendero, no obstante, efímero, pues asumió la portavocía en septiembre de 2021 y en julio del 2022 le sustituyó Patxi López. Tras dicho periplo, fue elegido presidente de la Comisión Constitucional de la Cámara, un puesto que venía ejerciendo López.
Gómez no es ajeno a la materia del ministerio, fue Director General de Turespaña en 2018 y 2019, cuando fue en las listas como diputado del Congreso por la circunscripción de Tenerife. Previamente, Gómez había trabajado en el ámbito privado en el sector turístico. En este sector, el reto económico pasa por recuperar las cifras prepandemia.
Maroto se ha embarcado en la carrera electoral por la capital sin haber concretado la esperada ley de Industria. Según fuentes de Moncloa, el Gobierno tenía previsto aprobarla en primavera, un extremo que confirmó el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Francisco Blanco.
El pasado 22 de marzo, afirmó que la intención del Ejecutivo es remitir «en las próximas semanas» al Congreso la ley de Industria, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. El articulado fue redactado por el equipo de Reyes Maroto, pero será su sucesor quien lo defienda en el Consejo de Ministros.
El secretario general de Industria confirmó durante su intervención en la comisión de Industria del Congreso que se trata de un “compromiso de Estado” adoptado en el seno de la Unión Europea y cuyo objetivo es el reemplazo de la normativa industrial anterior, que data de 1992.
En este sentido, el fin de la nueva norma es promover y desarrollar líneas de ayudas que favorezcan la modernización, el desarrollo y competitividad industrial. Según consta en el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros, los beneficiarios de ayudas deberían mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en caso de grandes empresas y tres en caso de pymes.
El texto es el principal asunto pendiente, pero según algunas voces, no sería de imperiosa necesidad y el debate por parte de los nacionalistas se centrará en las competencias. Tal y como defendió en una Tribuna la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, “tampoco hace falta una ley de Industria para hacer bien las cosas e impulsar la competitividad».