Dos agentes de la UCO de la Guardia Civil, responsables de los informes en la causa en la que se ha procesado al ex secretario de Organización y ex diputado socialista Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, han acudido este martes a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación pública. No obstante, han comunicado desde el inicio que no iban a ofrecer ningún tipo de declaración relativa a la causa por indicación expresa del magistrado, y que permanecerían en silencio ante las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios.
Ambos agentes comparecen en sesión abierta a los medios de comunicación, pero, al haber solicitado que no se difundieran imágenes suyas, la comisión decidió vetar la entrada de medios audiovisuales y prohibir la grabación o captación de imágenes de los comparecientes para “preservar” su identidad, tal y como ha recordado la presidenta de la comisión, Irati Jiménez.
Los agentes han accedido al Parlamento de Navarra a las 8.30 horas, alrededor de una hora y media antes del inicio de la sesión, entrando al edificio por el parking en lugar de utilizar la puerta peatonal principal. Durante el tiempo previo al arranque de la comisión han permanecido en una sala anexa, hasta que ha dado comienzo la comparecencia con la presencia de los medios escritos y de los parlamentarios.
La sesión se ha iniciado con la intervención del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien les ha preguntado si la causa se mantiene bajo secreto. Uno de los agentes ha respondido que no, que en su momento sí fue secreta pero “ahora no es secreta”.
A continuación, uno de los integrantes de la UCO ha señalado que para ellos “es un honor comparecer en esta comisión de investigación”, pero que, “siguiendo instrucciones del magistrado instructor de la causa” que tramita la sección cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debían informar de que no realizarían “ningún tipo de declaración vinculada a la referida causa”.
En su exposición, ha detallado que, como Policía Judicial, dependen funcionalmente de dicho magistrado. “No nos acogemos al secreto profesional”, ha explicado, matizando que están obligados a acatar las órdenes recibidas. Ha añadido que “aunque no sea secreta, hay un deber de reserva de todas las diligencias en un proceso penal”, subrayando así el límite que les impide responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre la investigación.