Lo habitual es que la actividad legislativa decaiga durante los meses de verano, con el primer periodo de sesiones (enero-junio) ya finalizado y a la espera de que arranque el segundo (septiembre-diciembre). Pero en ocasiones la situación política ha obligado a las Cortes a emplearse a fondo en agosto.
Por este motivo, durante las próximas semanas en Demócrata estrenamos una serie de publicaciones con las que promover la memoria parlamentaria: los agostos más activos de la democracia.
Tres entregas, tres años y tres momentos políticos en los que la actividad política no pudo ni tomarse un respiro por vacaciones:
1978, un verano constitucional y una visita de Estado con polémica
- Senado: 1 pleno y 9 comisiones
- Congreso: 1 Diputación Permanente
2015
-Senado: 8 comisiones
-Congreso: 3 plenos, 1 Diputación Permanente y 13 comisiones
2018
- Senado: 1 Diputación Permanente
-Congreso: 1 Diputación Permanente y 7 comisiones
Esta segunda entrega está dedicada al 2015, que tiene el récord de mayor actividad con 25 convocatorias entre plenos extraordinarios, comisiones y diputaciones permanentes en el Congreso y en el Senado.
El verano de 2015 la X Legislatura (2011-2015) entraba en su recta final y el ritmo de trabajo apenas decayó durante el período estival. A un julio muy intenso en el que el Grupo Popular hizo valer su mayoría absoluta de 181 diputados para marcar la agenda, se sumó una segunda quincena de agosto realmente frenética.
«Ningún reproche ético»
El pistoletazo de salida se produjo el 14 de agosto con la comparecencia del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz en la Comisión del ramo tras conocerse que días atrás había mantenido una reunión con el exvicepresidente del Gobierno y exdirector de Bankia, Rodrigo Rato.
De las 13 comisiones celebradas durante ese mes, sin duda fue la que más foco de atención captó, al producirse el encuentro en plena investigación del «Caso Rato». E que fuera mano de derecha de José María Aznar estaba siendo investigado por supuestas maniobras para defraudar a Hacienda en sus negocios particulares.
Si bien Fernández Díaz intervino a petición propia, desde que se conocieron los detalles del encuentro la oposición en bloque pedía su dimisión.
Frente a las críticas por la «idoneidad» de la reunión, el entonces ministro mantuvo en todo momento que el contenido de la misma «no versó para nada sobre la situación procesal del señor Rato ni sobre investigación alguna».
La versión defendida por Fernández Diaz en el Congreso apuntaba a que Rato había solicitado ese encuentro por un motivo tan «personal, íntimo y sensible como es la seguridad personal en su ámbito más próximo».
A su juicio, lo sucedido no merecía «ningún reproche de tipo ético», puesto que desde su punto de visto era «absolutamente legal» y adecuándose a los cánones de transparencia; pues había acreditado «cuándo y dónde se produjo la reunión, dadas las circunstancias públicas y notorias de mi interlocutor».
Siete ministros cuestionados
Las explicaciones no convencieron al resto de grupos parlamentarios y el revuelo se prolongó más allá de la propia comisión. En la Diputación Permanente celebrada a finales de mes, el PSOE solicitó de nuevo la comparecencia del ministro no solo para profundizar en el contenido de esa reunión, sino también para que se informará de las citas mantenidas «por otros altos cargos del departamento, como el director general de la Guardia Civil, con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en esta investigación».
