Tras oficializarse el acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu para sacar adelante la Ley de Vivienda, las reacciones de los sindicatos de inquilinos no se han hecho esperar. El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas (Associació Sindicat de Llogaters i Llogateres) y el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid aseguran que «el pacto anunciado permite subidas encubiertas, abre la puerta al fraude de los contratos de temporada, y no pone soluciones reales a la crisis de la vivienda«.
La nueva norma topa las subidas de los alquileres tanto en las zonas tensionadas como en las que no lo están; ajusta la definición de gran tenedor, incorpora mecanismos de protección para inquilinos y aborda los desahucios. Sin embargo, aunque los sindicatos reconocen algunos avances, estos advierten que esta «regulación de los alquileres, lejos de bajar los precios, permitiría todo lo contrario por la imprecisión de la propuesta».
Estos prevén que con la nueva ley los precios sigan aumentando a un ritmo elevado «y asfixiando a la población»; por lo que instan a las fuerzas políticas y al Gobierno a «corregir estos agujeros para que la Ley contenga una regulación de precios de verdad».
«Se podría esquivar la regulación muy fácilmente»
Tras conocer el acuerdo que permitirá desbloquear una de las iniciativa emblema del Gobierno de coalición, los sindicatos han denunciado que «se podrá esquivar la regulación muy fácilmente». Concluyen que, tal y cómo se ha planteado la nueva norma en lo referido al precio del nuevo contrato y la imposibilidad de que éste pueda superar al del anterior, «se podría subir el precio haciéndolo pasar como gastos de IBI, incluyendo la tasa de basuras u otros gastos y sería muy fácil ocultar información sobre el precio y las condiciones del contrato precedente».
Un incentivo «peligroso»
Para los sindicatos la nueva propuesta daría lugar a «un incentivo peligroso» que consistiría en expulsar al actual inquilino con el objetivo de subir el precio sin límite al nuevo. «Tendrá muy difícil comprobar cuál era el precio del anterior contrato y si éste incluía gastos adicionales o no», señalan. Además, plantean otras situaciones que cuestionarían la eficacia de esta ley: «Se podría subir el precio un 10% adicional alegando reformas o se podrían añadir las subidas interanuales vinculadas a la inflación». Aunque reconocen que entre los años 2023 y 2024 habría limitaciones, advierten que «se podrían hacer subidas paulatinas», así como denuncian que «se deja la puerta abierta a que dentro de dos años puedan volver a hacerse subidas totalmente desproporcionadas vinculadas al IPC«.
La figura del alquiler de temporada
La figura del «alquiler de temporada» podría ser utilizada por los caseros para «hacer subidas sin ningún tipo de límite«, según explican los sindicatos alegando que esta situación «ya está pasando ahora mismo». Asimismo, denuncian que ninguna de las medidas propuestas e incluidas en el acuerdo serán efectivas sin un régimen sancionador y un reconocimiento de los propios sindicatos. Creen que «tampoco se da ninguna solución para las miles de personas que esperan un desahucio«.
Un punto positivo del acuerdo
Para los sindicatos, el único aspecto positivo del acuerdo anunciado es que «acaba con la estafa millonaria que permite a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos por un servicio que dan a los caseros«, siendo esta cuestión una reclamación habitual de las asociaciones de inquilinos. Pero insisten en que se deben de «corregir los fallos y hacer una regulación efectiva de los alquileres», y piden tanto a los partidos políticos que conforman el Gobierno de coalición como a los partidos de la oposición que escuchen las reclamaciones que «la inmensa mayoría de la población está pidiendo».