El Consejo de Ministros dio luz verde en febrero al proyecto de ley de movilidad sostenible, que fue remitido a las Cortes para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación durante este año, en cumplimiento de los objetivos acordados con la Comisión Europea en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata del mismo texto remitido en diciembre de 2022, que decayó al disolverse Congreso y Senado por la convocatoria de elecciones.
Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios para «dar respuesta a los retos que han surgido en los últimos meses en un sector tan dinámico como el del transporte».
Antes de su aprobación como proyecto en el Consejo de Ministros, estas fueron las aportaciones recibidas en el Ministerio de Transportes
SECTOR PÚBLICO
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Adif solicita incluir cuestiones sobre descarbonización y sustitución de combustibles fósiles. Sobre criterios de economía circular echan en falta suministro de fuentes de energía para la mejora de la eficiencia energética en el ferrocarril. Del mismo modo que solicitan que los cálculos de la huella de carbono de las empresas que prestan un servicio de transportes de viajeros o de mercancías se lo comuniquen al administrador de la infraestructura para conocer el alcance.
Se insta a que los administradores de infraestructuras ferroviarias también deban repostar datos sobre las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera derivadas del tráfico ferroviario. Sobre la planificación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, propone hacer referencia a la intermodalidad de las estaciones de ferrocarril con otros modos nulos o de muy bajas emisiones.
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Solicitan mantener la relevancia de las ayudas del Ministerio al transporte público colectivo, extendiéndose a financiar inversiones en movilidad urbana. Respecto a este transporte público colectivo, que es instrumento del Gobierno central, proponen modificar los porcentajes de costes operativos de referencia para la concesión de la ayuda.
Así mismo pide establecer moratorias de tiempo en la tasas a las que habilita el proyecto para penalizar la entrada de vehículos contaminantes, ya que considera que establecer una la tasa por contaminar generará a los alcaldes y a sus gobiernos una conflictividad social «innecesaria».
En cuanto a la «elaboración de ordenanzas», solicita sustituirlo por una referencia a cada normativa municipal o similar. Afirma que en el anteproyecto se propone crear ordenanzas cuando lo importante es que se contemplen en la normativa municipal. La FEMP se esgrime como la única asociación de entidades locales y pide ostentar la representación de estas entidades ante el Gobierno central. En esta línea, solicita que en el anteproyecto se incluyan a todos los municipios con transporte público.
PATRONAL
Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)
Reclama aclarar la tipología de los daños, ya que asegura que los daños que afecten a un participante solo pueden ser personales o materiales. Remarca que solo deberían ser susceptibles de resarcimiento los daños patrimoniales que se le hubieran generado cuando deriven directamente de un daño personal, pero no cualquier daño patrimonial que no tenga una relación causa-efecto.
Pide modificar ciertos artículos para que la responsabilidad del promotor sólo se produzca cuando los daños sean imputables por un incumplimiento suyo del protocolo y, eliminar la presunción de que los daños al participante se producen a consecuencia de la participación en la prueba.
Real Automóvil de España (RACE)
Con respeto a las ZBE (zonas de bajas emisiones) y los mecanismos de financiación de las carreteras, considera que no ha de suponer una limitación injustificada, y por ello planteala posibilidad de aplicar medidas más allá del etiquetado ambiental. RACE pide ampliar las campañas de concienciación, lo cual ya se integra en el artículo 2.1.
Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR)
Desde la Asociación piden su incorporación en el Consejo Superior de Movilidad y Transportes Sostenibles. De la misma forma que solicitan incluir un nuevo documento de directrices metodológicas denominado «Gestión e incorporación de la moto en los planes de movilidad» y un documento de buenas prácticas relacionado con las infraestructuras para la movilidad en moto.
En cuanto a las definiciones que aparecen recogidas en el anteproyecto, creen que se deberían introducir nuevos apartados como: Medio motorizado de alta ocupación –aquel que, en el momento de su uso, tiene ocupados al menos el 50% de sus plazas disponibles por homologación–, Movilidad esencial en vehículo motorizado –ambulancias, policía, bomberos y distribución urbana de mercancías–, Movilidad eficiente en vehículo motorizado –moto, vehículos eléctricos y vehículos de movilidad compartida–, Movilidad eficiente en vehículo motorizado, Medios motorizados de alta ocupación y Vehículo privado motorizado no incluido en otros apartados.
Junto con estos términos, también se añade el de «vehículos motorizados de alta ocupación» en todas aquellas referencias sobre «vehículos de alta ocupación». Entre los datos a proporcionar, solicitan incluir aparcamientos para motos, aparcamientos con recarga para motos y aparcamientos con recarga interoperable que pueden usar las motos.
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)
Piden fijar objetivos de incremento de la actividad intermodal, según parámetros de sostenibilidad que correspondan, junto a las reducciones de emisiones de GEis (gases de efecto invernadero) logradas vinculadas al aumento de intermodalidad. Así como redefinir el Consejo como «de Movilidad sostenible de mercancías» ya que resulta mas eficiente que crear nuevas y costosas estructuras administrativas.
Reclama una descripción más ambiciosa de los servicios al transportista por carretera: servicios de manipulación de mercancías, carga y descarga de contenedores y estancia de vehículos. A la vez, considera prioritario que entre en operación urgentemente una mínima oferta de plazas de estacionamiento de vehículos pesados en la Red de Interés General.
Cámara de Comercio de España
Lamenta que no se aborde de manera integral la movilidad y el transporte en los entornos rurales. Pone como ejemplo la distribución de mercancías. En cuanto al transporte colectivo de viajeros, echa en falta el transporte interurbano y subvenciones a la movilidad interurbana de mercancías o de personas.
También la regulación del transporte de mercancías, particularmente de larga distancia por carretera, y criterios estandarizados a adoptar por parte de municipios en cuanto a la distribución urbana de mercancías.
Respecto a la movilidad compartida, considera necesario un marco normativo o líneas de orientación para armonizar las prácticas existentes en las distintas ciudades españolas. La Cámara pide una mayor referencia al transporte privado, y en particular incentivos a la descarbonización del parque y el despliegue de las infraestructuras de recarga eléctrica.
Confederación Española de Transporte en Autobús
Reconoce que el objetivo de la financiación estatal del transporte público colectivo de viajeros debe ampliarse a todo el sistema de movilidad e incluir los transportes interurbanos de media y larga distancia, que constituyen obligaciones de servicio público en el ámbito del nuevo modelo de financiación para dar cobertura a todo el Sistema Nacional de Movilidad.
Propone incentivar los modelos mejorados de organización del transporte y que la ley comprometa los recursos suficientes para cumplir con los compromisos derivados de la misma.
Plantea introducir los tráficos autonómicos en el mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, de tal forma que quepa acuerdo entre el Ministerio y las comunidades autónomas para que se sigan prestando en el marco de los nuevos contratos de competencia estatal. Señalan que el anteproyecto debe especificar el título competencial que ampara a cada precepto, indicando cuáles son de aplicación básica, cuáles son de aplicación directa y general a todas las administraciones públicas y cuáles sólo aplican al transporte estatal.
De la misma forma que se recomienda no crear nuevos organismos sino, por ejemplo, ampliar la composición y competencias de órganos como el Consejo Nacional de Transporte Terrestre. En lo que respecta al cómputo para la licitación y adjudicación de los nuevos contratos y el período máximo de continuidad del servicio por parte de los actuales concesionarios, afirman que es preciso que dicho plazo se inicie desde la fecha de aprobación de los anteproyectos definitivos de los nuevos contratos.
Entiende que se debe excluir la referencia a las plataformas que posibilitan los servicios de movilidad colaborativa o carpooling, pues dichas plataformas tecnológicas no son objeto de una ley de movilidad. Concluye recordando que el proyecto debe aprovechar la oportunidad y servir para clarificar aún más el marco normativo estatal de prestación de servicios de transporte de viajeros, asegurando la unidad de mercado.
Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC)
Pide que la ley regule con la con claridad la dotación del FESMO (Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad) en los Presupuestos Generales del Estado. Esta dotación debería calcularse tras un proceso de evaluación objetiva de las necesidades globales de financiación del sistema y de las carencias actualmente existentes. La dotación inicial del FESMO tendría que ir actualizándose anualmente en los PGE, de forma automática, con arreglo al incremento de la población urbana destinataria de los servicios y del incremento del PIB, neutralizando el efecto de la inflación.
ATUC propone que la ley avance en una mayor integración y coordinación territorial del modelo de financiación, estableciéndose obligaciones concretas a las comunidades autónomas. Además, platea que gestión del FESMO se atribuya comisión gestora, que será un órgano colegiado adscrito al Ministerio. Por otro lado, pide que la duración plurianual de las subvenciones para gastos operativos sea más extensa y critica la condicionalidad de las subvenciones y del régimen de penalidades.
Ve insuficiente el plazo para la aprobación de Planes de movilidad sostenible por los ayuntamientos e inadecuada la regulación de los criterios orientadores para el fomento de la movilidad activa en los instrumentos de planificación. También observa como insuficiente la financiación de proyectos de inversión, ya que se limita a un artículo (art.60) «prácticamente sin contenido alguno». En opinión de ATUC, sería recomendable que la ley regulara el porcentaje del FESMO dedicado a esta finalidad.
Considera conveniente contar con una regulación más detallada de las estructura y organización del Consejo Superior de la Movilidad y Transportes Sostenibles. Aprecia la ausencia de una mínima regulación de la movilidad compartida en el entorno urbano, así como que la obligación relativa a la información de los usuarios de las emisiones de gases de efecto invernadero resulta de difícil ejecución en la práctica, siendo su periodo transitorio insuficiente.
Asociación Española de Empresarios de Transportes Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE)
Reclama más atención respecto al transporte de mercancías por carretera y pide facilitar el derecho a la movilidad en términos más amplios de los establecidos en el anteproyecto respecto a ese tipo de transporte.
Asociación de Cargadores de España
Solicita profundizar en las políticas que regulen y apoyen la transición hacia los objetivos de movilidad sostenible marcados por el paquete europeo «Fit for 55», además de una mayor consideración del transporte de mercancías, algo que «no tiene la relevancia necesaria en el anteproyecto».
Reclama que la norma concrete cuestiones ligadas a las infraestructuras para el transporte de mercancías, tales como la planificación y dimensionamiento de las necesidades de acuerdo a los cambios modales y tecnológicos derivados de la normativa europea. Además, pide que se incluyan zonas de aparcamiento seguras y puntos de suministro energético y características de los nodos logísticos.
Asociación Vehículo Compartido España
Reitera la primera alegación del informe presentado en abril de 2022. Propone modificar el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial para incorporar la movilidad compartida.
El Ministerio recuerda en este punto que, si bien entre los objetivos de la ley está reflejar la nueva realidad en el ámbito de la movilidad, no pretende regular los aspectos concretos mas relacionados con la seguridad vial. La Asociación hace hincapié en la propuesta de aumentar los beneficios fiscales para los trabajadores, aspecto que no cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y OENEGÉS
Asociación de marcas y bicicletas de España, Coordinador en defensa de la Bici, Consejo de la juventud de España, Ecologistas en acción, Eco-union, Fundación renovables, Ecodes, Promoció del transport públic, Transport & Enviroment, WWF, Nuevo modelo energético
En cuanto a la financiación del Transporte público, piden incluirlo en el nombre del proyecto. De la misma forma, solicitan objetivos concretos y cuantificables para conseguir la descarbonización del sector del transporte. Plantean conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad antes de 2050 y la reducción de gases de efecto invernadero en 2030.
En esta línea, solicitan una hoja de ruta para la descarbonización y planes de movilidad en grandes centros de actividad. La aprobación de estos planes debería abordarse por los ayuntamientos y formar parte de un proceso participativo con los agentes empresariales y sindicales implicados.
Denuncian la falta de recursos para el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible (SNMS) y proponen la creación de una Agencia Estatal de Movilidad, dependiente del Ministerio.
En transporte marítimo llaman a impulsar un estándar de atraque de cero emisiones, con un servicio de suministro eléctrico en el muelle (Shore Side Electricity, SSE) pero con un enfoque más flexible, que requiere a los barcos apagar sus motores cuando estén en el muelle y se conecten.
Con respecto a las Zonas de Bajas Emisiones, piden establecer características comunes obligatorias para enviar señales claras de lo que se necesita para mejorar la calidad del aire y unificar los criterios de tipología de vehículos para acceder a las ZBE.
Consideran que sólo deberían permitir el acceso a vehículos particulares y comerciales que sean cero emisiones o de bajas emisiones –que no superen los 95 g CO2/Km (WLTP)–. Para ello, resultaría necesario incorporar un umbral de emisiones de CO2 en el sistema de distintivos ambientales de los vehículos.
Federación de Servicios a la Ciudadanía Carretera y Logística
Insta al ministerio a replicar, de cara a la negociación de los planes de transporte sostenible al trabajo, el sistema de composición de las mesas negociadoras establecida para los planes de igualdad.
También pide incluir una disposición adicional que modifique el Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de crear la figura de delegado de personal de medio ambiente. Respecto a la Sección Transversal de Formación y capacitación, solicita que en la composición de la sección formen parte las organizaciones sindicales más representativas.