QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido ante el Pleno del Congreso de los Diputados para, entre otras peticiones, explicar la posición del Gobierno sobre la formalización de contratos para la compra de armamento al Estado de Israel. La comparecencia la habían solicitado el Grupo Republicano, EH Bildu y el Grupo Mixto después de que saltase la noticia de que el Ejecutivo mantenía activo un acuerdo de compra de armas por valor de más de seis millones de euros.
Marlaska ha respondido ante una licitación que “ha generado un problema” apelando al compromiso del Gobierno “con la causa palestina y la paz en oriente medio”. “No me importa reconocer lo ocurrido en primera persona”, ha concluido el ministro.
De acuerdo con el titular de Interior, el contrato con la empresa israelí IMI Systems para la compra de más de 15 millones de balas se firmó en febrero de 2024 y fue en octubre cuando el Ministerio tuvo consciencia del orígen la empresa adjudicataria de los lotes. Lo cierto es que la compra fue licitada por la Guardia civil e incluía tres lotes de munición con características específicas “adaptadas a las necesidades del cuerpo”.
Una vez el Ministerio conoció el origen de las balas, dice el ministro, se empezaron a explorar todas las vías legales para romper con la adjudicación. En estos seis meses “no se pudo encontrar una solución que no implicase un perjuicio patrimonial para el estado”. En ese proceso, la Abogacía del Estado fue consultada. Eso sí, Marlaska afirma que el proceso de licitación “cumplió escrupulosamente el procedimiento legal”.
La solución que finalmente encontró el ministerio pasaba por implicar al resto de departamentos que conforman el Consejo de Ministros. “Hemos explorado todas las vías legales posibles que entendíamos oportunas”, dice Marlaska. El mecanismo diseñado involucrará al Ejecutivo y a otros departamentos ministeriales. Por ello, actualmente el contrato se encuentra en proceso de rescisión.
Socios que aprietan
Enrique Santiago, portavoz adjunto del Grupo Sumar, ha recordado al ministro que «sobran argumentos éticos y políticos, pero sobre todo argumentos jurídicos para romper este contrato». Santiago apela a que solo los Estados son los actores con capacidad para hacer cumplir las resoluciones de los tribunales internacionales. Por ello, ha detallado la normativa existente que permitiría rescindir ese contrato sin necesidad de indemnizaciones.
- Resoluciones de tribunales internacionales
- Los contratos se cambian cuando cambian las consciones en las que se constituyeron, las condiciones han cambiado
- 4ª Convención de Ginebra que protege a los civiles en tiempos de guerra
- Ley 53/2007 sobre el comercio exterior permite romper contratos sin indemnizar
Además, los de Yolanda Díaz han solicitado el cese total de la financiación «hacia Israel». «Estamos cansados de pedir medidas de bloqueo o de incautación de todas las armas que pasen por aeropuertos o puertos españoles«, achaca Santiago.
