El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha estrenado este miércoles en una sesión de control desde que fuera ascendido a vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero. En su intercambio de impresiones con la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, le ha afeado que el Grupo Popular no ha mostrado interés en debatir sobre la economía española y ha sacado a la luz un curioso dato.
“Vemos el acuerdo de PP y Vox en Extremadura, donde la palabra autónomo, en 23 páginas, aparece cero veces”, ha afeado Cuerpo, con un Pedro Sánchez al lado que asentía orgulloso de la intervención.
En efecto, en el documento no aparecía. Sin embargo, en el de Aragón le han puesto remedio.
“El Gobierno de Aragón seguirá asumiendo el compromiso de defender a quienes crean empleo, arriesgan y sostienen nuestra economía real. Frente a los continuos ataques del Gobierno Central, materializados en subidas indiscriminadas de cuotas que ahogan la iniciativa y penalizan el esfuerzo y en aumento de la burocracia, en Aragón seguiremos situando a los autónomos en el centro de nuestra acción política”, recoge el texto.
Así las cosas, plantean lo siguiente:
- Cuota cero para nuevos autónomos y microempresas durante los primeros 12 meses, ampliable progresivamente hasta 24, mediante compensación autonómica, priorizando a quienes mantengan su actividad real, para que la viabilidad dependa del mercado y no de la carga fiscal inicial.
- Refuerzo de la protección en caso de enfermedad, bonificando dos meses de cuota, mediante compensación económica en situaciones de baja médica.
- Impulso de nuevas nuevas deducciones fiscales autonómicas en el IRPF, favoreciendo los traspasos, sucesiones y transmisiones de negocios, así como la continuidad de la actividad autónoma en municipios en riesgo de pérdida de servicios, contribuyendo así a vertebrar el territorio y fijar población y favorecer el relevo empresarial evitando cierres de negocios.
A vueltas con la “prioridad nacional”
Figura también el ya famoso y polémico concepto de “prioridad nacional”, acuñado en el acuerdo de Extremadura.
Básicamente, consiste en la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
El debate sobre este concepto gira en torno a la cuestión de la nacionalidad. El Gobierno y sus socios habituales consideran que el acuerdo es "inconstitucional" y "racista" por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, cuestión que el pasado martes analizamos en Demócrata.
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El PP enfatiza en que el pacto transita únicamente en línea con el arraigo, por lo que se enmarca dentro de la "legalidad". Sin embargo, Santiago Abascal no termina de compartir esta interpretación de los de Feijóo, pues a su juicio está claro: “Prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incluso cuestionó la legalidad del punto. “No es legal”, sostuvo; ante lo que la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso reaccionó: "Nos parece una falta de respeto que haya líderes regionales del PP que se dediquen a boicotear a una compañera de partido por llegar a un acuerdo que era el que estaban demandando los extremeños en las urnas".
Interpretaciones al margen, lo cierto es que el documento en Aragón lo cita y bien claro:
“Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas. El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, incluirá:
- Establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.
- Vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema.
- Exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.
- De forma paralela, se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior”.