La historia se vuelve a repetir. La Mesa del Congreso de los Diputados ha aceptado el veto del Gobierno a una enmienda ya aprobada por el Senado al Proyecto de Ley de Atención a la Clientela para rebajar el IVA a los alimentos básicos.
El Partido Popular recurrió a su mayoría absoluta en la Cámara Alta para reducir hasta el 4% desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio del mismo año para carnes, pescados y conservas; y eliminar el impuesto para productos como leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres.
El Ejecutivo intentó bloquear la enmienda durante su tramitación en el Senado, presentando un escrito de disconformidad que apelaba a su derecho constitucional de prevenir cualquier medida legislativa que pueda resultar en “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”. La Administración estima que esta medida podría significar una pérdida de recursos de aproximadamente 3.780 millones. No obstante, la Mesa del Senado, dominada por el PP, no lo admitió a trámite.
En la del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, lo ha logrado. La Mesa ha aceptado el veto y suprimido la enmienda, en virtud de “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida entre otras en las Sentencias 167/2023 y 135/2025”.
Argumentos jurídicos
Desde la Mesa de la Cámara Baja insiste en que “la doctrina del TC, que el Senado vuelve a ignorar, deja meridianamente claro que el Gobierno no pierde la facultad de vetar enmiendas o proposiciones de ley por el hecho de que los presupuestos en vigor se encuentren prorrogados desde ésta o desde una legislatura anterior”.
Y añade que “el fundamento jurídico tercero de la STC 135/2025 establece que ‘según las citadas sentencias, a los efectos del art. 134.6 CE, lo determinante es que la conformidad del Gobierno ha de referirse siempre al presupuesto en vigor en cada momento, en coherencia con el principio de anualidad contenido en el mismo artículo, entendiendo por tal tanto el autorizado expresamente como incluso el que ha sido objeto de prórroga presupuestaria (art. 134.4 CE), pues no por ello deja de cumplir la función esencial de vehículo de dirección y orientación de la política económica del Gobierno’”.
En consecuencia, la Mesa del Congreso considera que toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos requerirá la conformidad del Gobierno hasta el momento en que llegue al BOE.
Un choque que no es nuevo
Esta misma enmienda fue vetada de la Ley de Desperdicio Alimentario por los mismos motivos. Es ya un común denominador de la legislatura los choques entre Congreso y Senado. De hecho, es la cuarta vez en el último año que se ha dado esta situación.
La pasada semana, sin ir más lejos, el Senado aprobó un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible. Una maniobra que podría acabar en el Tribunal Constitucional.
Las 50 enmiendas del PP
Sin la enmienda sobre el IVA de alimentos básicos, el próximo jueves 11 de diciembre la Ley de Atención a la Clientela quedará lista para entrar en vigor tras el examen de los cambios aprobados por el Senado.
El Congreso decide sobre la cincuentena de enmiendas que introdujo la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta para descafeinar las exigencias a empresas e incluir a la AGE. El bloque de investidura prevé revertir los cambios relativos a la atención en lenguas cooficiales. La iniciativa impone a las compañías una atención personalizada, que las llamadas (el 95%) se atiendan en menos de tres minutos, que se avise de la renovación de suscripciones y se bloqueen las llamadas spam.
La iniciativa impone a las compañías una atención personalizada, que las llamadas (el 95%) se atiendan en menos de tres minutos, que se avise de la renovación de suscripciones y se bloqueen las llamadas spam.