Hay un elefante en el Congreso de los Diputados del que nadie habla. Se llama senda de déficit, es el paso previo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2026 y los grupos parlamentarios se empeñan en obviarla (aunque la conocen). Es el verdadero pistoletazo de salida, pero los socios solo parecen tener ojos para las cuentas y, mientras presionan al Ejecutivo para entablar conversaciones o marcar sus condiciones, evitan comentarla. Fuentes del Gobierno aseguran a Demócrata que la maquinaria para presentar los PGE continúa en marcha, que las diferentes carteras ministeriales tienen sus propuestas y esperan presentarlos para finales de octubre o principios de noviembre.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto llevar al Consejo de Ministros “pronto”, entendiendo como tal a mediados de octubre. Algunos partidos aliados del Gobierno ya tienen las cifras de un primer borrador y las están analizando, tal y como adelantó Demócrata, pero ninguno entra a valorar públicamente qué les parecen y si hay margen para su aprobación.
El Gobierno quiere aprobar una nueva senda que dé más margen a las Comunidades Autónomas, pero si no, prevén presentar su proyecto de Presupuestos con la senda antigua, activando el equilibrio presupuestario y limitando a las CCAA. “Es increíble que el Gobierno quiera dar más capacidad a las autonomías y digan que no…”, lamentan fuentes de Hacienda consultadas por Demócrata.
Con quién se ha hablado, de qué y con quién no
El Gobierno ha comenzado a negociar con los partidos vascos. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se reunió con el Ministerio de Hacienda, de momento sin Aitor Esteban, para un primer intercambio de impresiones.
Fuentes del grupo vasco señalan a Demócrata dos demandas fundamentales: el cumplimiento de los acuerdos rubricados en el pacto de investidura, es decir, traspaso de competencias, convenios autonómicos y gestión tributaria; y retomar las negociaciones de los PGE 2025, esto es, una tasa de reposición propia para los funcionarios vascos y la capacidad de regular su sueldo, así como hablar de los límites de deuda y déficit en el marco del Concierto Económico Vasco.
También se está negociando ya con EH Bildu. La formación abertzale asegura a Demócrata que el foco, como siempre, estará en los avances sociales y económicos, además de partidas territoriales.
Sin entrar en mayor detalle, vinculan los Presupuestos con el desbloqueo de leyes pendientes que ya habían sido consensuadas y permanecen bloqueadas. En concreto, recalcan dos: la Proposición de Ley para prohibir a las plataformas anunciar alojamientos turísticos ilegales y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Mordaza.
En lo que respecta a la primera, la norma pretende descargar sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos que no cuenten con un número de registro o licencia. Cuenta con un severo régimen sancionador, con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.
La segunda, la reforma de Mordaza, está estancada. La propuesta se encuentra en fase de ponencia, pero no avanza. Antes del verano, el diputado de Sumar Enrique Santiago citó al resto de ponentes del bloque de investidura a una reunión en su despacho y acudieron PSOE, EH Bildu, PNV y ERC. Junts y Podemos rehusaron. Además, la pugna en el País Vasco entre la izquierda abertzale y los jeltzales está complicando el asunto a cuenta del reconocimiento a la autoridad y las faltas de respeto y desobediencia.
Las conversaciones de EH Bildu con el Gobierno las comanda la propia portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua.
También se ha sondeado a Compromís, que aunque se integra en el Grupo Plurinacional Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, se está negociando aparte. Según fuentes, el diputado Alberto Ibáñez tuvo una cita en Ferraz para comentar sus aspiraciones para la Comunidad Valenciana.
El diputado de la CHA (Junta Aragonesista), Jorge Pueyo, adscrito al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ya ha deslizado que el Ejecutivo debería convocar elecciones si no es capaz de aprobar los Presupuestos.
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) advierte al Gobierno de que no tiene sentido negociar cuestiones nuevas si no se cumple lo previamente acordado. Esta es la primera exigencia, que se terminen de concretar temas como quita de deuda (que ya está en marcha) y las cuestiones relacionadas con Rodalies Catalunya, que se acordó su traspaso integral.
Además, concentrarán sus esfuerzos y arrancar compromisos sociales y, más específicamente, en materia de Vivienda. Consideran que es el mayor de los problemas y que, por mucho que el Ejecutivo anuncie medidas, no cristalizan en soluciones y mucho menos impactan de forma favorable a la ciudadanía.
Por lo demás, ERC está dispuesta a hablar. Unas conversaciones que las está pilotando la dirección del partido en coordinación con la dirección del grupo parlamentario en el Congreso. Oriol Junqueras no está despachando personalmente, pero sí al tanto. En el otro lado de la mesa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y para asuntos puntuales, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Podemos, uno de los “huesos más duros” en palabras de fuentes de Hacienda, ha confirmado que aún no les ha llamado el Gobierno. Los morados tienen clara su casilla de salida. En Vivienda, plantean la bajada por ley de un 40% de los alquileres y la prohibición de operaciones de compraventa si no es con fin residencial. Además, aspiran al embargo total a Israel y la ruptura de relaciones; así como a frenar el aumento del gasto militar
Ione Belarra espera la llamada del Ejecutivo. Aunque aún desconocen quién será el interlocutor, creen que Bolaños será el encargado.