La ley de Vivienda se precipita hacia la fase decisiva de la tramitación. A finales de enero, en concreto el martes 24, se constituyó la ponencia del nuevo articulado en la comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso. Entonces, tenía “buena pinta”, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Sin embargo, en las últimas semanas ha encallado. La ley está bloqueada desde una reunión entre el ala socialista del Gobierno, Unidas Podemos y los socios habituales. Antes de la cita las conversaciones se revestían de optimismo, pero al comprobar los morados y los aliados que Nadia Calviño había modificado puntos importantes, la euforia se contuvo de golpe. Según fuentes consultadas por Demócrata, “no se esperan avances hasta después de Semana Santa”. No obstante, los ha habido. Este jueves Teruel Existe ha anunciado un acuerdo con el Gobierno, evidenciando movimientos de los socialistas con los grupos minoritarios.
Rebajando el suflé
En una rueda de prensa celebrada el pasado martes en el Congreso de los Diputados, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, estableció una escala de “bueno y malo” para ubicar el estado de diversas leyes, como la de equidad sanitaria. Preguntado por Vivienda, confesó que “está más hacia la parte mala” porque desde la reunión en la que el Ministerio de Economía le entregó su propuesta final “no ha cambiado nada”. “Esperamos reconducirla”, dijo, apuntando que “ha habido retrocesos en alquileres por parte del PSOE”. En concreto, fuentes moradas explican que el acuerdo está atascado por la regulación de los precios de los alquileres, un extremo que ha sido confirmado por parte de los socios, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bild.
«Esperamos reconducir la ley de Vivienda. Ha habido retrocesos en alquileres por parte del PSOE»
Pablo Echenique
No es la primera vez que en los últimos días los morados rebajan las expectativas de pacto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a bombo y platillo que “prácticamente” ya había quórum en el seno del Gobierno y únicamente había unos flecos pendientes de resolver. Rápidamente, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, lo desmintió. “La ley de Vivienda es muy urgente para nuestro país, pero sobre todo es urgente que sea una buena ley que incluya una regulación de alquileres efectiva y contribuya a ampliar el parque público de Vivienda. Por desgracia hoy no estamos más cerca que ayer de un acuerdo”, resolvió en su cuenta oficial de Twitter.
La ley de Vivienda regulará: -Definición de mercado tensionado -Tope a alquileres en zonas pensionadas -Los alquileres públicos en promociones de vivienda. -Incentivos para los pequeños propietarios que pongan sus pisos en alquiler a precios asumibles para familias vulnerables. -Impuestos por viviendas vacías. -Limitaciones en alquileres propiedad de grandes tenedores (pendiente de la definición de gran tenedor). -Regulación de los desahucios, máxime sin alternativa habitacional. -Programas impulsados desde los ayuntamientos para construir un ambicioso parque público de viviendas.
Movimientos en zonas rurales
Y mientras los Unidas Podemos, el Grupo Republicano y la izquierda abertzale negocian con Calviño supervisando las conversaciones, Teruel Existe ha sellado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tomás Guitarte ha pactado que el rango normativo de la futura ley de Vivienda se amplíe a las áreas rurales. “En las zonas rurales hay mercados con apenas oferta o ésta no ofrece condiciones necesarias de habitabilidad, sobre todo para el alquiler”, denuncia el turolense.
Para subsanar el problema, Teruel Existe ha acordado con Moncloa la creación de un parque de vivienda pública en alquiler destinado a pequeños municipios. Este programa debe evitar que se incentive la despoblación de los pueblos más pequeños hacia las cabeceras de comarca. Por ello, el Ministerio pondrá en marcha -cuando la ley consume su publicación en el BOE- un programa piloto que cree vivienda de alquiler en pequeños núcleos.
El texto consensuado incluye también que en el fondo de vivienda asequible deberán considerarse las necesidades específicas de los distintos ámbitos territoriales y las características propias de cada mercado y, en la definición de estos objetivos, deberá incorporarse la perspectiva de los pequeños municipios afectados por procesos de envejecimiento o despoblación. De igual forma, se crearán mecanismos para incentivar, agilizar y eliminar trabas burocráticas de parques municipales de suelo; y se prestará apoyo técnico y ayudas para la rehabilitación de vivienda por parte de las comarcas o diputaciones
El deshielo
Según confirman fuentes de Teruel Existe, el asunto de la vivienda es clave para el partido y para el diputado, que lo conoce muy bien por su profesión, arquitecto. “No ha sido un acuerdo de los últimos días”, garantizan, precisando que hace “no meses, sino mucho, mucho tiempo” que hablan con el Ministerio. El acuerdo se ha cerrado con responsables de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como David Lucas, secretario de Estado, el director general de Vivienda, y los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno. Calviño, a diferencia de las actuales conversaciones con los socios, no ha formado parte de la ecuación, confirman.
Además, el acuerdo se ha concretado “al margen del ruido de unos y otros”, por lo que si bien Teruel Existe es consciente de que las iniciativas están vinculadas al porvenir de la ley de Vivienda, la formación aclara que no participa ni conoce el estado de las conversaciones. Una interlocución, la del ala socialista del Ejecutivo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que ha encallado y que se retomará tras Semana Santa. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anticipó el pasado lunes que, para desbloquearla, tenía pendiente una “conversación” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El último gran punto de fricción fue la oferta del PSOE de topar hasta un máximo del 3% las actualizaciones de los contratos a los que les toque revisión anual. Tan solo estaría vigente durante el año 2024 puesto que, en 2025, el tope quedaría regido por el índice de precios que regularía las zonas tensionadas. UP exige que se mantenga el tope del 3% de forma permanente y se amplíe a todo el mercado, no solo a las zonas tensionadas.