Navantia ha reiterado este sábado que su actuación se desarrolla, en “todo momento, conforme a la legalidad vigente, incluido el convenio colectivo” pactado con la representación de la plantilla.
Fuentes de la compañía han respondido así después de que la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, denunciara que la empresa pública le haya impedido la entrada a las instalaciones de San Fernando (Cádiz), donde permanecen acampados dos sindicalistas del sector del metal que aseguran la existencia de supuestas “listas negras”.
Montero ha reclamado además que las administraciones, tanto la Junta como el Gobierno central, asuman su “responsabilidad” y se impliquen para poner fin a esta situación, instando a que se tomen medidas para garantizar que Navantia “cumpla con la ley”.
Respecto a la situación de las dos personas que continúan en la parte alta de una grúa en el astillero de San Fernando, fuentes de Navantia han subrayado a Europa Press que “todas las actuaciones tienen como primer objetivo preservar su seguridad”. Han detallado que se les está proporcionando comida, agua y mantas, así como baterías portátiles para casos de emergencia, y que “también los han visto los servicios mínimos de la compañía”.
“Nos consta, porque así lo han dicho en un vídeo, que han recibido al menos una oferta de trabajo para la provincia de Cádiz desde que comenzó esta situación”, han indicado las mismas fuentes, que insisten en que en la empresa “no hay listas negras por actividad sindical”.
Desde Navantia han precisado igualmente que el acceso a la plantilla fija se realiza mediante un “proceso reglado y acordado con la parte social para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
En cuanto a la contratación de industrias auxiliares, las fuentes consultadas han recalcado que tampoco existen “listas negras” y han apuntado que “Navantia contrata servicios y no decide qué personas los realizan, más allá del respeto a la legalidad en lo relativo a los trabajadores subrogables”.