El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha sostenido este miércoles que “hay una mayoría social a la que le parece bien” la estrategia de desregulación que impulsa su departamento, subrayando que no equivale a desprotección sino “al revés”.
Durante su comparecencia ante la Comisión sectorial de las Cortes autonómicas, Nolasco ha detallado las líneas maestras que pretende aplicar en esta legislatura y ha remarcado que “por primera vez Aragón cuenta con una Vicepresidencia Primera de Desregulación” con la finalidad de “pasar de una Administración que obstaculiza a una que facilita la vida de los ciudadanos”.
En materia económica, ha abogado por “reducir el gasto superfluo e ineficiente porque esto nos permitirá destinar recursos a quienes más lo necesitan” y ha anunciado el impulso del Plan Aragón Agiliza. Entre sus medidas ha citado la extensión de la figura de la declaración responsable “donde sea legalmente posible” y el refuerzo del silencio administrativo positivo “como norma general”.
Ha planteado que “hay que reducir al 50% las subvenciones para sindicatos y organizaciones empresariales por representación institucional”, denunciando que “se gasta en intereses de 'lobby' o con fin partidista”. También ha reclamado recortar las ayudas de cooperación exterior en la actual “situación de emergencia”, defendiendo que se deben “destinar los recursos primero aquí”. Además, ha avanzado auditorías para detectar gasto improductivo, una ley de unidad de mercado nacional y el refuerzo de la oficina de asuntos presupuestarios.
Nolasco ha cuestionado si la paz social consiste en “dar dinero a sindicatos que no se quejan cuando la luz sube como nunca” y ha exigido que se financien con sus propias cuotas de afiliación, en lugar de organizar “mariscadas”. Ha cargado contra la izquierda, a la que acusa de ser “la que más ha creado chiringuitos reguladores”.
Familia, sanidad y prioridad nacional
El segundo gran bloque de su intervención se ha centrado en la familia, a la que ha descrito como “núcleo fundamental de la sociedad”. Ha avanzado que incorporará esta óptica a las decisiones del Ejecutivo, con iniciativas como evaluar el impacto familiar de las políticas públicas, aumentar las plazas en residencias y centros de día para “garantizar una atención digna a quienes han levantado con su esfuerzo nuestra nación” y poner en marcha más unidades de salud mental infanto-juvenil.
El vicepresidente primero ha garantizado que el búnker de radioterapia en Teruel “va a ser una realidad” y ha prometido respaldar los cuidados paliativos con el fin de asegurar una atención “integral, digna y de calidad en situaciones de máxima vulnerabilidad”. Asimismo, ha adelantado que se reforzarán las casas de infancia rurales de 0 a 3 años hasta llegar a 18 centros en 2026.
En el ámbito social, su departamento aplicará el principio de prioridad nacional en las ayudas, introduciendo requisitos de arraigo y trayectoria de cotización. Quedarán fuera de las ayudas estructurales, salvo en casos de urgencia vital, quienes se encuentren en situación irregular, y se excluirá del acceso a vivienda pública a las personas que hayan ocupado inmuebles. También se creará un servicio de verificación del padrón para “combatir el uso indebido de los fondos públicos”.
En cuanto a la dependencia, ha recalcado que “Aragón está en el podio” al situarse como la segunda comunidad más rápida en la tramitación de estas prestaciones. Sobre los menores extranjeros no acompañados, ha argumentado que, a su juicio, cuanto menos se destinen plazas a este colectivo más recursos habrá para la tercera edad.
Nolasco ha ligado la prioridad nacional a la responsabilidad de los poderes públicos por “el deber primario de todo Gobierno” de sostener a quienes “más han contribuido a nuestro sistema de bienestar”, definiéndola como “patriotismo social”.
Apoyos y críticas de los grupos
Desde el PP, la diputada Susana Gaspar ha defendido que “las urnas dijeron que los partidos de izquierda ya no representan la mayoría social” y ha censurado los acuerdos a nivel estatal con los herederos de ETA. Ha reprochado a la anterior gestión que “vienen a darnos lecciones aquellos que dejaron unos servicios sociales infradotados, sin personal, con recursos mal planificados, y ahora nos pretenden dar lecciones quienes se dedicaban a dar derechos de papel”, criticando a quienes “vienen a rasgarse la vestiduras” por la dependencia, a la que consideran “de segunda o tercera”.
Gaspar ha recordado que, cuando gobernaba la izquierda, las listas de espera de dependencia “estaban copadas” y las de discapacidad “ocultas”, defendiendo las políticas actuales de atención temprana.
Por el PSOE, Mónica Iglesias ha calificado de “preocupante” que Bienestar Social se vincule a Desregulación, ya que “lo que la ciudadanía espera es más protección, una Administración con una mayor capacidad de respuesta”, y ha descrito Desregulación como “un bastión” de Vox que prepara “una nueva era” en este campo. Ha reivindicado “tratos dignos” para las personas vulnerables y ha rechazado recortes en la atención social.
Iglesias ha recordado que en Aragón viven 300.000 personas mayores de 65 años y que buena parte del territorio es rural, por lo que “es en los territorios donde se debe dar respuesta”, reclamando adaptar los recursos a las necesidades de cada zona y preguntando cuántas plazas se han concertado en el último año con las entidades sociales. Ha puesto en valor el papel del Tercer Sector, reclamando “sensatez y rigor técnico” y no “una visión asistencialista de las políticas sociales”, y ha pedido reforzar las ayudas de inclusión para “garantizar el mínimo vital”.
El diputado de Vox David Arranz ha respaldado las medidas incluidas en el pacto PP-Vox, especialmente las políticas de apoyo a la familia frente a “la llamada perspectiva de género que tanto daño ha causado”, y ha apostado por “ser útiles para atender a los intereses comunes de los aragoneses”.
Arranz ha defendido que la desregulación es una novedad de esta legislatura que responde a “un clamor popular” de ciudadanos y empresas, porque “el exceso de regulación acaba creando una maraña legal que genera inseguridad jurídica”. Ha abogado por la simplificación administrativa y ha asegurado: “Vamos a reducir el gasto innecesario” reduciendo burocracia y acabando “poco a poco” con el exceso de trámites.
En su opinión, Bienestar Social y Familia exige “coordinación y coordinación adecuadas para lograr una mayor coherencia y eficacia” con el objetivo de disponer de unos servicios sociales “justos”, recordando que “la calidad ética de una sociedad también se mide por ayudar a quienes son más vulnerables”. Ha insistido en que “la prioridad nacional estará presente también” en este ámbito y ha alertado sobre “el efecto llamada”.
Ha anunciado que “vamos a ser duros con el fraude y el abuso de derecho”, aludiendo a los fraudes en el padrón y a las ONG que apoyen a menores extranjeros no acompañados.
Debate sobre la desregulación y los servicios públicos
En nombre de CHA, Mary Carmen Bozal ha señalado que este departamento “tiene que ver con sostener a los aragoneses y aragonesas y poner a los aragoneses en el centro” y que por desregulación debe entenderse “simplificar”. Ha criticado que ambas áreas se integren “en el mismo saco” y ha advertido de que Desregulación puede convertirse en “un chiringuito más”.
Bozal ha defendido que la realidad social de Aragón “necesita instituciones útiles” y no “una lógica permanente de vaciamiento de lo público”. Ha pedido aclarar qué ocurrirá con el IASS tras la creación de una nueva dirección general que, a su juicio, genera “confusión institucional” mientras “hay familias esperando ayudas y menores en situación de riesgo”.
La diputada de IU, Marta Abengochea, ha afirmado que “los recursos son limitados porque ustedes perdonan impuestos a los ricos” y ha calificado la desregulación como “un cajón de sastre”. Ha advertido de que Nolasco asume la gestión de “lo más sagrado para la sociedad” al reunir bienestar social y familia, y ha subrayado que de las decisiones del Departamento depende “la seguridad humana” de las familias vulnerables.