Septiembre se abre camino y con él, otro periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados. Tras el parón estival, empieza un nuevo curso con renovadas prioridades, pero también con deberes pendientes y asignaturas que podrían cambiarlo todo.
Es tiempo de hablar de Presupuestos Generales del Estado. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha despejado dudas entonando un “rotundamente sí” a la pregunta de si el Ejecutivo presentaría un nuevo proyecto de cuentas. Lo hará con la intención de exponer sus “prioridades políticas” y con la certeza de que la endiablada aritmética parlamentaria da pocas opciones.
El Gobierno no ve demasiados problemas en el flanco vasco, puesto que tanto EH Bildu como el PNV han manifestado su intención de negociar, como acostumbran. El frente que preocupa es el catalán, pues si bien se ha allanado el camino con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts ha doblado la apuesta: aplicación de la Ley de Amnistía y reconocimiento del catalán en Europa, o fin de legislatura.
La guinda del pastel la pone un Podemos acastillado en el ‘no’ y que no esconde su desinterés en negociar con el Ejecutivo, dando por amortizada la legislatura. Una de sus grandes líneas rojas es el aumento del gasto militar comprometido en la OTAN.
De hecho, su secretaria general y diputada en el Grupo Mixto, Ione Belarra, sospecha que el Gobierno podría utilizar el tropiezo de los Presupuestos como pretexto para convocar elecciones anticipadas.
Por su parte, el Partido Popular estaría explorando la posibilidad de impulsar una reforma que obligara por ley al Gobierno a convocar comicios en caso de que no se tengan apoyos suficientes para aprobar unos Presupuestos.
¿Por dónde íbamos?
Marco presupuestario al margen, la oposición, PP y Vox, continuarán percutiendo sobre las presuntas tramas de corrupción, el colapso provocado por los incendios irá perdiendo fuelle (como cada otoño) y el Congreso estrena Reglamento para poner coto al comportamiento inadecuado y las faltas de respeto de algunas personas acreditadas como prensa.
Esas son las certezas. El listado de dudas es mucho más grueso, empezando por las dos iniciativas que el Gobierno optó por dejar fuera del Pleno escoba de finales de julio por falta de apoyos: reducción de jornada laboral y ley Bolaños.
La reducción de jornada laboral, uno de los buques insignia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aguarda su primera votación en el Congreso, la de totalidad. PP, Vox y Junts tienen registradas sendas enmiendas y suman mayoría, por lo que podrían tumbar el proyecto.
Sus perspectivas no son nada halagüeñas. Junts exige suavizar las obligaciones del control horario, ayudas, dilatar su aplicación efectiva y vincularla a variables como el absentismo o la productividad. Las conversaciones clave se dan entre Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo; Josep María Cervera, diputado de Junts; y Verónica Martínez Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar. Esta última, en una entrevista con Demócrata, deslizó que no contempla la posibilidad de que no se apruebe y cree que la presión social doblará el pulso a la formación de Carles Puigdemont.
El mismo escollo a superar tiene la ley Bolaños, aunque en su caso se encuentra en fase de enmiendas al articulado. El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal depende de Junts.
El Gobierno apremia para aprobarlo cuanto antes, de hecho, su intención era incluirlo en el Pleno escoba de julio, pero Junts no contempla facilitar tal empresa. Piden enmendar la norma para incluir una suerte de CGPJ catalán (Consell de Justicia de Catalunya) y eliminar de la Audiencia Nacional. Ambiciosas demandas salpimentadas por la máxima de que se sienten agraviados por el incumplimiento de compromisos adquiridos con anterioridad. Hasta que se concreten, poco tienen que negociar, según fuentes del grupo parlamentario consultadas por Demócrata.
Las demandas de los socios
Ya antes del parón estival, coincidiendo con la crisis provocada por el shock Cerdán, los socios habituales del Gobierno, incluido Sumar, exigieron medidas anticorrupción y un giro social para dotar de sentido a la legislatura.
Este giro social debía estar marcado, fundamentalmente, por la Vivienda. El Grupo Socialista tiene una proposición de ley registrada en el Congreso con un paquete fiscal de vivienda asequible, con medidas como el incremento al 21% del IVA a pisos turísticos, la creación de un nuevo impuesto estatal para gravar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes con el propósito de evitar la compra especulativa, subidas para las SOCIMI del 15% al 25% y aumentos en la tributación por vivienda vacía.
Los aliados parlamentarios no ven con malos ojos todas estas medidas, pero sí otras que incluye la propuesta en relación a incentivos fiscales. ERC tiene registrada su propia iniciativa, que comparte algunos ejes con la socialista; y EH Bildu impulsó otra complementaria para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuente con número de registro o licencia.
Además del flanco de Vivienda, se urge a desbloquear dos asuntos que tiempo ha que se encuentran encima de la mesa: reforma de la Ley Mordaza, que hubo una reunión a finales de junio convocada por Sumar y a la que acudieron PSOE, EH Bildu, PNV y ERC (ni Podemos ni Junts fueron); y la regularización de migrantes, que parecía recibir un importante impulso y, de pronto, se frenó en seco.
Leyes económicas pendientes
El Ejecutivo quería haber enviado en junio o julio al Senado la Ley de Movilidad Sostenible. Está a la espera de ser votada porque Podemos no garantiza su voto.
También aguardan la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, en fase de ponencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo. Las negociaciones están avanzadas, pero no quieren correr riesgo.
Asimismo, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero está a la espera de la constitución de su ponencia en la Comisión de Economía del Congreso (tienen enmiendas registradas desde diciembre de 2024 y parece que hay voluntad de negociar); y la Ley de Navegación y Seguridad Área está a la espera de su aprobación por el Pleno del Senado, que la devolverá al Congreso con algunos cambios.
Aterrizando novedades y posibles desbloqueos
Uno de los anuncios que hizo el Gobierno de cara a septiembre la aprobación de un anteproyecto de ley para abolir la prostitución. El Ministerio de Igualdad, con Ana Redondo al frente, está ultimando los flecos, que verían la luz en los primeros compases del curso (a finales de este mes). Se pondrá el foco, entre otras cosas, en el proxenetismo digital.
Sanidad será una de las carteras con más agenda. Además de continuar negociando la reforma del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios y de la famosa terna que permanece bloqueada (ley de Universalidad, Ley de cohesión y Ley anti-privatizaciones, está última aún pendiente de aprobar en Consejo); tienen en cartera el Proyecto de Ley de alcohol en menores.
El Ministerio comandado por Mónica García también prevé aprobar en segunda vuelta el Anteproyecto de Ley de Medicamentos y podría ponerse en marcha en el Congreso una subcomisión sobre medicamentos veterinarios, que fue pactada con ERC.
Por otro lado, Justicia, además de la ley Bolaños, tiene atascados otros cinco proyectos de ley: menores en entornos digitales, acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos de los consumidores, dos proyectos sobre procedimiento de determinación de edad y uno sobre información empresarial sobre sostenibilidad.
No son pocos deberes. Un volumen de trabajo amenazado por el fantasma de una convocatoria electoral que, de concretarse, condenaría a varias leyes a vagar entre legislaturas, como la Ley del Cine y la de Derechos de Autor.