QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Una semana después de formalizar la ruptura de su pacto con el PSOE y afirmar que pasaban «a la oposición», Junts da un paso más para evidenciar la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno. El grupo parlamentario de la formación ha decidido poner un cepo a la legislatura y amenazan con dejar caer todos los proyectos de ley del Gobierno y las proposiciones de ley de los socialistas o Sumar que se encuentran en tramitación. Para ello, han registrado esta misma mañana en el Congreso enmiendas a la totalidad de devolución en cada uno de los textos, a excepción de los proyectos de Ley de Movilidad y de Atención a la clientela, que ya pasaron esa fase.
«Si se llega a un acuerdo, se tiene que cumplir . Y si no se cumple, no podemos seguir dando oxígeno en forma de votos de Junts». Con esas palabras ha demandado la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, acompañada de los otros seis parlamentarios del partido, que se lleven a cabo las políticas y medidas que desde noviembre de 2023, cuando facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, se habían venido acordando entre el PSOE y los independentistas.
«Lo que pedimos es coherencia y que se cumplan los acuerdos que se han hecho con los catalanes». «De las más de 50 leyes en tramitación parlamentaria, tres de ellas van acompañados de un acuerdo escrito con Junts antes de la ruptura, y estas las queremos cobrar, así como el Real Decreto-ley consecuencia de nuestra Ley ELA», ha abundado Nogueras. «Pedro Sánchez, PSOE y Sumar tienen una deuda enorme con Cataluña, y esta deuda ni caduca ni prescribe».
¿Cuáles son esas leyes y qué otras reclamaciones en materia legislativa demandan desde Junts para desbloquear la legislatura parlamentaria?
En estos momentos, el Grupo de Junts en la Cámara Baja tiene dos proposiciones de ley en tramitación, todas ellas de carácter orgánico por afectar a derechos fundamentales. Además, en septiembre fracasaba otra de ellas en el trámite de toma en consideración, la relativa a la delegación de competencias sobre inmigración.
Competencias en inmigración y los recursos necesarios
Para formalizar la cesión de competencias migratorias, tanto Junts como PSOE registraron la proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración. La toma en consideración del texto se debatió en el pleno del 23 de septiembre. Fue rechazada, además de por PP y Vox, con los votos de Podemos, UPN, la diputada de Compromís Àgueda Micó y el de la Chunta, Jorge Pueyo, este último en las filas del Grupo Sumar.
Los de Puigdemont no cejan en su reclamación de efectuar la delegación de las políticas migratorias y emplazan al PSOE a recabar el apoyo necesario, con Podemos como principal obstáculo.
Multirreincidencia por hurtos
La inseguridad ciudadana y el aumento de la delincuencia en Cataluña son los motivos esgrimidos para el registro de otra proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, en marzo de 2024. La propuesta señala «la insuficiente respuesta penal» ante los «hurtos multirreincidentes» y propone el aumento de las penas por determinados hurtos y que la reincidencia sea motivo de agravante, entre otras medidas.
Tomada en consideración en septiembre del año pasado, la iniciativa cerró el plazo de enmiendas en febrero de este 2025. Desde entonces, permanece paralizada a la espera de que se constituya su ponencia. El PSOE apoyó la tramitación, no así Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG. ERC, por su parte, se abstuvo.
Precisamente, ayer se debatió en el Senado la toma en consideración de una proposición del PP para reformar el Código Penal en materia de multirreincidencia en hurtos y estafas, que coincide en buena parte con las reclamaciones de Junts. El PSOE rechazó la iniciativa de los populares, con un discurso duro por el que calificó la propuesta de «populismo punitivo» y de un intento de «criminalizar la pobreza». Las palabras llegan tan solo una semana después de que el presidente del Gobierno se mostrara «dispuesto a tramitar» la proposición de Junts, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante la última sesión de control al Gobierno.
Agilización de desocupaciones y de lanzamientos
La agilización de desocupaciones y de lanzamientos de inmuebles ocupados ilegalmente es el objetivo de la tercera proposición de ley llevada al Congreso por Junts. La toma en consideración de la PLO de medidas urgentes frente a la ocupación se debatió en marzo de este año. De nuevo fue apoyada por los socialistas y contó con la oposición de Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Tras 21 ampliaciones del plazo, a día de hoy sigue en periodo de enmiendas.
Cajeros en todos los municipios
La proposición de ley del Parlamento de Cataluña para la garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía del acceso a los servicios bancarios es otro de los textos bloqueados en el Congreso. Tomada en consideración en febrero del año pasado, desde entonces acumula decenas de ampliaciones del plazo de enmiendas.
Que las empresas vuelvan a Cataluña
Además de la delegación de competencias en migración, el PSOE acordó con Junts en enero de 2024, para lograr la convalidación de dos reales decretos-ley, las siguientes medidas:
- La reforma de la Ley de Sociedades de Capital para favorecer el regreso de empresas a Cataluña.
- El reconocimiento de «los derechos históricos» de Cataluña en materia de régimen local.
A la hora de concretar las propuestas y formalizarlas por vía legislativa, la formación catalana optó por plasmar el mecanismo que facilite el retorno de empresas a Cataluña en uno de los reales decretos-ley convalidados. Así, registraron una enmienda Real Decreto-ley 6/2023, el ómnibus, tramitado como proyecto de ley. La enmienda modifica la Ley de Sociedades de Capital para editar tres artículos (9,10 y 262) y añadir una nueva disposición adicional.
El plazo de enmiendas se cerró en marzo de 2024 y desde entonces la el proyecto de ley se encuentra a la espera de que se constituya una eventual ponencia. Dada la complejidad del texto original, un RDL de 180 páginas, y el volumen de enmiendas presentadas al mismo(570), es muy improbable que se avance en su tramitación.
Competencias sobre funcionarios nacionales habilitados
Para la cesión de ciertas atribuciones en materia del personal funcionario de entidades locales con habilitación nacional, es decir, las competencias para regular el régimen jurídico de secretarios, interventores y tesoreros de las corporaciones locales, así como la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de estos trabajadores, se acordó una enmienda transaccional con el PSOE en el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, «una disposición adicional específica para Cataluña en la Ley de Bases de Régimen Local«.
Con la ponencia de la Ley de Función Pública abierta desde primavera y sin perspectiva de que se cierren los trabajos en el corto plazo, desde Junts activaron una segunda vía en otra ley, la conocida como Ley de lobbies. Así, hace un mes, introducían una serie de enmiendas «intrusas» (ajenas al objeto original de la ley) en la propuesta de regulación de lobbies, entre ellas la misma pactada con el PSOE en el proyecto de Función Pública para el control de atribuciones sobre interventores, secretarios y tesoreros de ayuntamientos y diputaciones. Sin ponencia constituida aún, se espera que los trabajos de la Ley de lobbies se inicien en breves.
Aval a propietarios por impagos
En otro acuerdo para convalidar el Real Decreto-ley por el que se extendían las medidas antidesahucios , a primeros de año, Junts arrancó al Gobierno el compromiso de un mecanismo de avales para garantizar el cobro de rentas impagadas o de destrozos en viviendas. «¿Cuántos han cobrado esto hoy?», preguntaba retóricamente Puigdemont la semana pasada «Ninguno». «No se puede cargar sobre los propietarios una política social antidesahucios».
Jueces de paz oficiando bodas
Recuperar las competencias eliminadas para los jueces de paz, para que puedan celebrar matrimonios. Desaparecieron durante la tramitación de la Ley de Eficiencia del servicio público de Justicia. Junts ha registrado una enmienda para ello en proyecto de Ley de regulación de lobbies que se tramita en el Congreso.
Ejecución presupuestaria y balanzas fiscales
En el plano económico, se señala a la ausencia de los datos de balanzas fiscales y de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, «importantes para abordar» los PGE de 2026 y «el modelo de financiación» autonómica.
En enero de 2024, el Gobierno también se comprometía a la «publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales». Más de un año después, la publicación de las balanzas fiscales «sigue sin ejecutarse». Para Junts, afrontar una negociación presupuestaria o sobre financiación autonómico sin los datos de fiscales y de ejecución presupuestaria supone «jugar con las cartas marcadas», como manifestó el presidente de la formación en su intervención desde Perpiñán, hace 10 días.
