El Ayuntamiento de Palma ha otorgado un plazo de cinco días a las personas que aún viven en la antigua prisión de la ciudad para que abandonen el inmueble de manera voluntaria, antes de iniciar acciones judiciales para ejecutar su desalojo forzoso.
El portavoz adjunto del Consistorio y regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, ha detallado que la Junta de Gobierno ha decidido comunicar formalmente a los residentes la obligación de marcharse en un margen de cinco días, después de rechazar un total de 45 alegaciones presentadas contra la orden de desalojo.
En esta línea, Bauzá ha indicado que “ya se ha dado respuesta” a las peticiones y escritos remitidos por los moradores, quienes dispondrán hasta el próximo lunes para dejar el edificio por sus propios medios.
Al mismo tiempo, el portavoz municipal ha reconocido que, si finalmente el conflicto debe resolverse en los juzgados, no existe un calendario cerrado para la salida definitiva de los ocupantes. “Son las vías judiciales quienes lo tienen que determinar”, ha remarcado.