El presidente del PNV, Aitor Esteban, se despidió en marzo del Congreso lamentando no haber logrado la reforma de la ley de Secretos Oficiales de 1968: «No es de recibo que continuemos con una ley franquista». Una reivindicación constante en la actividad parlamentaria del PNV que desde ayer parece un poco más plausible tras la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Información Clasificada.
El líder vasco ha reconocido que al conocer la noticia tuvo «temores de que fuera un pequeño trampantojo como el anterior proyecto» que preparó el Gobierno en 2022 y que decayó con el adelanto electoral. No obstante, ha reconocido que cree que «va en buena línea, aunque podemos discrepar en plazos, razones y controles».
En las múltiples proposiciones de ley que la formación vasca ha registrado en la Cámara Baja en las últimas legislaturas, y que siempre eran víctimas de las continuas ampliaciones del plazo de enmiendas, el PNV anhelaba una «ley de plazos equiparable a Europa».
Su postura siempre ha sido delimitar la desclasificación de los secretos oficiales en un plazo de 25 años, con una prórroga excepcional y motivada de diez años, y la desclasificación de las materias calificadas como reservadas tras 10 años. Es decir, como máximo, una materia no podría ser conocida en 35 años.
Aquí radica una de las cuestiones que Esteban espera que se puedan limar en las negociaciones parlamentarias. El texto del Gobierno establece cuatro categorías: Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido. Y para Alto Secreto prevé 45 años, con posibilidad de prórroga por 15 más. Un margen que Esteban considera «demasiado».
No obstante, a lo largo de la entrevista en la Cadena Ser, Estaban ha insistido en que el anteproyecto va en buena dirección. Una de las cuestiones que ha querido destacar es la claridad del texto sobre quién puede clasificar como secreto y quién no: el Consejo de Ministros.
Esteban también ha reconocido que es muy aficionado a los archivos y que la etapa del franquismo y la Transición le suscita gran interés. Preguntado por cuestiones como el 23-F, que sigue suscitando muchas incógnitas para la mayoría de los socios de la coalición, entre risas el ex diputado ha bromeado con que «alguno ya se habrá encargado de quemar esa documentación o de que desaparezca».
Diferencias en el Gobierno
Pero no solo el PNV se ha pronunciado sobre la decisión del Consejo de Ministros. Sumar, el socio minoritario de la coalición, también ha puesto de manifiesto sus reticencias a un anteproyecto que nace del ala socialista del Gobierno.
Fuentes de Sumar han desligado que su grupo parlamentario presentará enmiendas al texto cuando se inicie la tramitación en el Congreso.
Mejoras que irían orientadas fundamentalmente a pedir tiempos de desclasificación más cortos a las que establece la propuesta del Ministerio de Presidencia, en línea con los países del entorno comunitario. Y en lo relativo al régimen sancionador, Sumar reclamará que las sanciones que pudieran aplicarse fueran «menos elevadas». Con el texto aprobado, se fija hasta 2,5 millones de multa para los casos más graves.
Otra de sus propuestas sería para evitar clasificar como reservada la información que pueda resultar relevante para la incoación de procesos judiciales en los que se persigan conductas que «atenten contra la dignidad del ser humano».