El Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, a través de la diputada de Podemos Ione Belarra, ha registrado 18 enmiendas parciales al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en las que propone que las Cortes regionales cuenten con una horquilla de entre 47 y 100 diputados para garantizar la representatividad de la ciudadanía castellanomanchega.
En el paquete de cambios remitido a la Cámara Baja, y al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que “las circunscripciones electorales podrán ser de ámbito autonómico, provincial o de ambas”.
Asimismo, se recoge que “cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de tres escaños. El sistema electoral es de representación proporcional a su población, y asegurará la representación adecuada de las provincias de Castilla-La Mancha”; detalla la formación morada en sus enmiendas.
Podemos plantea también que toda la riqueza de la comunidad autónoma “en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
Además, reclama que sea la Junta quien asuma “el blindaje de los servicios públicos al asegurar su carácter universal, gratuito, de calidad y con condiciones laborales dignas, impidiendo recortes presupuestarios, privatizaciones o externalizaciones” de dichos servicios, así como que se garantice el derecho al aborto y la protección de todos los colectivos en materia de sexualidad.
En este ámbito, exige la prevención de las violencias de género, la protección y la asistencia integral especializada, junto a la reparación a las víctimas “con todas las iniciativas y servicios públicos destinados para garantizarlo”.
El objetivo de estas medidas es asegurar una “libertad sexual efectiva, basada en el consentimiento, para lo que incorporará en el currículo del sistema educativo en todas sus etapas la educación afectivo-sexual”.
Medidas específicas en vivienda
La vivienda ocupa un lugar central en las enmiendas de Podemos. La formación propone un servicio público que ofrezca alternativas habitacionales en casos de desahucio de familias que sufran una situación sobrevenida de insolvencia económica, así como facilitar el acceso al alquiler social asequible mediante la creación de parques públicos de vivienda suficientes que alcancen el diez por ciento del parque residencial total.
Entre las propuestas se incluye limitar el precio de mercado en las zonas tensionadas, fijando topes máximos asequibles de forma que el coste del alquiler más los suministros básicos no supere el 30% de los ingresos medios de los hogares del municipio. También se plantea restringir las plazas hoteleras a un máximo del 5% del total de viviendas en áreas residenciales de zonas turísticas de los municipios de la región.
Las enmiendas incorporan, además, el veto a actividades económicas extractivistas, el refuerzo de las políticas de memoria histórica y la dignificación de las fosas comunes, así como la garantía de una prestación sanitaria universal y gratuita para toda la población.