QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Podemos y Alianza Verde han abierto negociaciones con PSOE y Sumar para concretar una ley que dote de personalidad jurídica a Doñana. Según fuentes de la formación morada y el partido liderado por Juan Antonio López de Uralde, el pasado jueves trasladaron a sus socios una Proposición de ley que tienen previsto registrar en los próximos días en el Congreso de los Diputados.
La iniciativa se impulsará desde el Grupo Plurinacional de Sumar, motivo por el cual los morados y Alianza Verde han optado por presentársela primero tanto al partido de Yolanda Díaz como al PSOE para obtener su beneplácito antes de registrarla y arrancar el trámite de forma oficial. “No debería haber ningún problema, al menos por la parte de Sumar. El PSOE aún no nos ha dado feedback”, admiten las mismas fuentes.
En el acuerdo de Gobierno rubricado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz únicamente se cita Doñana junto a otros ecosistemas como el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares para comprometerse a definir planes territoriales de conservación y restauración ambiental.
Contenido de la PL
El texto es semejante al que ya fuera registrado en mayo de 2022, durante la pasada legislatura. La Proposición de ley declara la personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección -como ya se hizo con el Mar Meno-, de manera que se reconocería como sujeto de derechos con capacidad de obrar. La superficie afectada sería el total del Parque Nacional (54.252 hectáreas), y la zona periférica de protección del Parque Nacional, que consta de 74.278,95 ha e incluye tanto la zona periférica de protección como el territorio del parque natural colindante.
La Proposición de ley declara la personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección -como ya se hizo con el Mar Menor-, de manera que se reconocería como sujeto de derechos con capacidad de obrar.
Desde Alianza Verde defienden que la propuesta “supondría un blindaje permanente para Doñana” que “no dependería de los vaivenes políticos de las distintas administraciones implicadas”.
El articulado reconoce a Doñana y su entorno los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración a cargo de los gobiernos y entidades o personas colindantes. De igual forma, se asume su derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente a todos los niveles, tanto en lo relativo a las características del agua, a las comunidades de organismos, el suelo y subsistemas terrestres y acuáticos.
El derecho a la protección de Doñana implica limitar, detener y no autorizar todas aquellas actividades que supongan un riesgo para el ecosistema. Asimismo, el derecho a la conservación exige de acciones de preservación de especies, hábitats y la gestión de los espacios naturales asociados. Por último, el derecho a la restauración requiere de, una vez producido el daño, acciones que restablezcan la dinámica natural.
El derecho a la protección de Doñana implica limitar, detener y no autorizar todas aquellas actividades que supongan un riesgo para el ecosistema.
La Proposición de ley avala a cualquier persona física o jurídica para la defensa de Doñana. Las acciones judiciales se presentarán en nombre del ecosistema como la verdadera parte interesada. La persona que iniciara la acción de defensa tendrá derecho a recuperar el coste económico de todo el litigio emprendido, incluidos los honorarios de los abogados, procuradores, peritos y testigos. Además, estará exento de las costas procesales y de las fianzas en materia de medidas cautelares.
La proposición de ley incluye un apartado con deberes para todas las autoridades e instituciones. El montante total de las obligaciones para con Doñana son cinco: 1) Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección y precaución para evitar que las actividades humanas impacten negativamente. 2) Promover campañas de concienciación sobre los peligros ambientales que afrontan los ecosistemas. 3) Estudiar periódicamente su estado. 4) Restringir de forma inmediata todas aquellas actividades que puedan conducir a la extinción de especies o cualquier alteración natural. 5) Prohibir o limitar la introducción de organismos y/o materiales orgánicos o inorgánicos que puedan alterar Doñana.
