Este martes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en funciones, Yolanda Díaz, han rubricado un acuerdo para formar un nuevo Gobierno de coalición. El contrato asumido por PSOE y Sumar cuenta con más de 230 medidas, muchas de ellas focalizadas en el ámbito económico, laboral y energético, atravesadas además por un componente verde y feminista. El documento también otorga un lugar nuclear a la Sanidad y la Educación, profundiza en leyes sociales ya aprobadas, anticipa nuevos articulados y apuesta por engrasar la Administración Pública y articular un frente común de país para la Política Exterior.
Reformas sanitarias y ampliación de servicios
Sánchez y Díaz se ha comprometido a rescatar la ley de equidad sanitaria, bloqueada durante la pasada legislatura por discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos. Decayó con la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral. El objetivo es blindar la universalidad del Sistema Nacional de Salud impulsando la Sanidad gratuita y de calidad y poniendo cerco a las externalizaciones, el gran punto de fricción en el pasado con la formación morada.
También aseguran que se reforzará la Atención Primaria y se acabará con las listas de espera. Para lo último, establecerán por ley unos tiempos de espera máximos: 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental, el límite de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.
En Sanidad pretenden rescatar la ley de equidad, reforzar la Atención Primaria, fijar tiempos máximos para las listas de espera y engrosar la cartera de servicios con salud mental, bucodental y visual.
La salud mental será una de las aristas que más se reforzará. El hipotético nuevo Gobierno se ha fijado como objetivo incrementar el número de especialistas en salud mental y un plan de medidas orientadas a prevenir el suicidio juvenil, todo en el marco de un Pacto de Estado por la Salud Mental.
Asimismo, la cartera de servicios y prestaciones de la Sanidad Pública se engrosará con la salud bucodental y visual. De hecho, impulsarían un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para las familias con menos recursos.
Educación: más inversión y mejores servicios
El secretario general del PSOE y la líder de Sumar se han comprometido a consumar una de las propuestas estrella de la campaña electoral: la gratuidad de la Educación Infantil.
El acuerdo de Gobierno refleja la universalización de la educación de cero a tres años de forma progresiva. Pretenden incrementar el número de escuelas infantiles públicas de manera que, al final de la legislatura, el acceso esté asegurado para niñas y niños de dos años.
La Educación Infantil gratuita se incorporará de forma progresiva, comprometiéndose a asegurar el acceso para niñas y niños de dos años a final de legislatura.
Se incrementarán las partidas para Educación pública hasta lograr el 5% del PIB en inversión educativa, según lo previsto en la Ley Orgánica de Educación. Así, se ampliarán las ayudas para comedor, la disponibilidad de actividades extraescolares y el horario de apertura de los centros.
El documento asegura que se mejorarán las condiciones de los docentes en colaboración con las Comunidades Autónomas, se intensificará el Programa de gratuidad de libros de texto y ayudas para material escolar y se rebajarán las ratios de los alumnos para una atención más personalizada.
En lo que a Ciencia e Innovación se refiere, Sánchez y Díaz mantienen su compromiso de fortalecer la I+D+i, profundizando en la Ley de Ciencia aprobada en 2022. También se mejorarán las condiciones laborales de los investigadores aprobando el Estatuto del Personal Docente Investigador y desarrollando, entre otras cosas, el sexenio de transferencia de conocimiento.
Familias y Dependencia
Socialistas y el espacio de Sumar adelantan que pretenden adaptar la ley de Dependencia para impulsar un cambio de modelo de los cuidados, mejorando la calidad de la atención con un mayor grado de personalización y priorizando la atención domiciliaria.
Asimismo, atajarán legislativamente la denominada soledad no deseada; se aprobará una Ley de Familias que reconozca y proteja a las diferentes modalidades; y se aprobaría una Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales que declare estos servicios públicos como esenciales y promueva su universalización efectiva. Además, las ayudas de emergencia social estarán exceptuadas de la Ley de Subvenciones.
El acuerdo incluye la culminación de la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuidos” y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.
Estrategia hídrica, restauración y despoblación
Además del impulso de las energías verdes, la descarbonización de la economía, la revisión al alza de los objetivos de la ley de cambio Climático y la reforma energética, el acuerdo de investidura recoge un ambicioso Plan del Agua.
Actualizarían la ley de Aguas blindando el derecho a su acceso. El documento reza que la gestión de tan preciado bien es clave para afrontar la emergencia climática. Por ello, Sánchez y Díaz se comprometen a potenciar un uso sostenible de agua, una óptima gestión del riesgo de inundaciones y gestión de la sequía, así la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración.
En el ámbito de la planificación hidrológica, se reforzarían las estrategias de planificación sectorial y territorial para regular la disponibilidad de recursos hídricos limitando el crecimiento del regadío salvo cuando existan nuevos recursos procedentes de la reutilización de aguas residuales en las zonas costeras o la desalación, dedicando estos prioritariamente a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. Además, se reforzaría el cierre de pozos y regadíos ilegales con un aumento de los recursos y personal de los organismos de cuenca y una agilización de los procedimientos.
PSOE y Sumar se comprometen a concretar un ambicioso plan hídrico y una óptima gestión del riesgo de inundaciones y de las sequías.
De igual forma, mediante la I+D+i y en el marco de la transición agroecológica, se incidiría en la adaptación de la agricultura a prácticas menos consumidoras de agua y en las zonas de riego por presión fomentaremos el ahorro energético mediante la sustitución del bombeo por la gravedad.
También anticipan una nueva Estrategia de Adaptación al Cambio climático para incorporar respuestas al calor extremo y recurrente. En sintonía, será obligatorio adaptar las condiciones de trabajo y la bioclimatización de los centros públicos.
Se espera que se impulse una Estrategia nacional contra incendios de nueva generación; un Programa Nacional antidesertificación que comprenda la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación aprobada en junio de 2002; y planes territoriales de conservación y restauración ambiental para territorios y comarcas con alto impacto a causa del cambio climático (Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, la Mancha Húmeda o los territorios insulares). Asimismo, se declararía como reserva marina la costa colindante con la Sierra de Tramontana.
El documento recoge que se retomaría la ley contra el Desperdicio Alimentario; se impulsaría una nueva ley de Agricultura Familiar que priorizaría esta tipología; se dispondrían más ayudas para modernizar el sector primario, se fomentaría la agricultura ecológica y regenerativa: y se actualizaría la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y el Plan de Acción para una mejor vertebración del territorio. Así, se aspira a fortalecer las políticas de despoblación de cara a la prestación de servicios e infraestructuras. Y es que, Sánchez y Díaz han prometido que se aprobará la cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia.
En este marco de la lucha contra la Despoblación, han anunciado programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familias en pequeños municipios y el fomento de laboratorios de innovación rural para promover la participación de jóvenes del sector agroalimentario y el medio rural en iniciativas innovadoras.
Sánchez y Díaz han prometido que se aprobará la cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia.
Feminismo y conquistas sociales
El feminismo atraviesa el documento a lo largo y ancho del mismo. En este sentido, el presidente del Gobierno en funciones y la ministra de Trabajo en funciones han acordado renovar y blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reforzar su eficacia y abordar de manera integral las formas de violencia no suficientemente reguladas en la actualidad (la trata con fines de explotación sexual, el acoso sexual, el acoso laboral por razón de sexo, los ciberdelitos o la violencia vicaria).
Garantizan que tramitarán una ley integral contra la trata de personas que cubra todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan principalmente a las mujeres.
También rescatarán la ley de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres para impulsar la paridad en los ámbitos políticos, administrativos y empresarias; y se equiparará a las familias monoparentales con dos o más hijos a las numerosas, con todo lo que ello implica a nivel subvenciones y ayudas. También se promoverá el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres, asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja.
Se aprobaría una ley contra el Racismo, se profundizaría en la ley de Memoria Democrática (impulsando las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del éxito republicano y de los lugares de memoria), se daría luz verde a un articulado de “bebés robados” y se derogarán los aspectos más lesivos de la denominada ley Mordaza. Cabe recordar que los socios habituales del Gobierno, ERC y EH Bildu, tumbaron la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura al calificarla como poco ambiciosa por no atajar las devoluciones en caliente y mantener las pelotas de goma.
Administración Pública
En cuanto a la Administración Pública se refiere, Sánchez y Díaz adelantan que se aprobará la ley de Función Pública -ya acordada con los sindicatos- y se modernizará.
Se establecerá un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos. En concreto, este será de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes como la prestación por desempleo o a las ayudas a la dependencia.
Se acelerará la digitalización, se impulsará la simplificación y agilización de los procedimientos de contratación administrativa, se establecerá un sistema de garantías de pago a las empresas adjudicatarias y se luchará contra la morosidad para asegurar el estricto cumplimiento de los plazos legales de pago en toda la cadena de producción.
Cultura
En el ámbito cultural, PSOE y Sumar han acordado retomar leyes decaídas la pasada legislatura como la del Cine, la de Enseñanzas Artísticas y la de Derechos de Autor; así como aprobar un nuevo articulado de Derechos Culturales, mantener el Bono Cultural Joven, reformar el INAEM y elaborar el Estatuto del Artista.
El acuerdo incluye retomar leyes decaídas la pasada legislatura como la del Cine, la de Enseñanzas Artísticas y la de Derechos de Autor.
Política Exterior
Sánchez y Díaz apuestan por revitalizar la apertura exterior de España reforzando lazos y consolidando relaciones a nivel comunitario, con América Latina y Asia. No obstante, dos focos acaparan la atención de este apartado diplomático: Ucrania y Palestina.
El líder del PSOE y su homóloga en Sumar han suscrito apoyar a Ucrania ante la agresión de Rusia y trabajar por favorecer las vías para alcanzar la paz entre Israel y Palestina, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas y garantizando el respeto al derecho internacional.