QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La ruptura de Junts con el Gobierno amenaza diversas iniciativas y el PSOE, junto al resto de socios habituales, ideó una jugada para sortear a los de Carles Puigdemont y poder aprobar la Proposición de Ley de alquiler de temporada. Sin embargo, el Partido Popular la desactivará y, nuevamente, los siete votos de la formación catalana serán determinantes.
El pasado martes el Ministerio de Vivienda, a través del Grupo Socialista, firmó junto a Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV, Podemos y BNG 19 enmiendas transaccionales para cerrar el informe de la ponencia sobre la proposición de ley de alquileres de temporada. El plan era claro: convocar la Comisión de Vivienda para emitir el dictamen antes de que el jueves el Pleno votara la avocación a Pleno.
Actualmente, la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana tiene competencia legislativa plena, por lo que si se votara, la Proposición de Ley de alquiler de temporada sería remitida directamente al Senado. El Partido Popular ha solicitado su avocación a Pleno y figura en el orden del día de la próxima sesión, en concreto, para el jueves 27 de noviembre.
Dado el previsible rechazo de Junts, el Ejecutivo lo tiene mucho más fácil en comisión que en Pleno. El bloque de investidura, sin la formación liderada por Carles Puigdemont, suma 19 (12 de PSOE, tres de Sumar y uno por cada socio, ERC, EH Bildu, PNV y el Mixto, en este caso, Podemos); mientras que PP (14) y Vox (3), se quedan en 17. Con esta aritmética, aunque Junts se opusiera, el resultado sería de 19 síes frente a 18 noes.
Pero un elementó ha truncado la jugada maestra. La Presidencia de la Comisión es quien tiene la potestad para convocarla, y esta obra en manos del Partido Popular, concretamente, en las de la diputada Isabel María Borrego. El artículo 42 del Reglamento del Congreso establece que las comisiones serán convocadas por “su Presidencia”. He aquí la clave, pues puede hacerlo por iniciativa propia o “a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Comisión; pero siempre será Borrego la que convoque. Según letrados consultados por Demócrata, puede dilatarlo cuanto considere. En consecuencia, no tendrá más que esperar a que el próximo jueves el hemiciclo decida sobre la avocación a Pleno de la iniciativa para desactivar la triquiñuela parlamentaria.
De hecho, según ha podido confirmar Demócrata, ya hay convocada Comisión de Vivienda para el próximo martes a las 09:00 horas, pero únicamente para responder preguntas orales.
Los socialistas dicen ahora que no pretendían enfadar a Junts, pero la jugada no gustó a su ponente, Marta Madrenas, quien lamenta además que los socialistas no le han contactado para informarle de la veintena de transaccionales que ha llevado a la ponencia. Una queja aparentemente incoherente dado que fue su propio partido el que anunció que rompería toda relación con el Gobierno y no respaldaría ninguna de sus iniciativas a excepción de cinco. No es menos cierto que esta propuesta no tiene su génesis en Moncloa, sino en varios de los socios y en el sindicato de inquilinas.
Contenido de la ley
La proposición de ley pretende atajar el agujero negro que dejó la Ley de Vivienda. Para ello, equipara los contratos temporales a los de vivienda habitual para, así, desincentivar su uso, máxime en zonas declaradas tensionadas para rebajar los precios.
Una de las principales novedades es la ampliación del plazo. La propuesta original planteaba que el contrato de temporada no podría exceder de nueve meses; pero a través de una transaccional, finalmente serán 12. Se busca adaptar la fórmula de arrendamiento al calendario docente, para permitir que profesores y estudiantes puedan beneficiarse; así como otros trabajadores por temporadas, como ocurre con médicos o incluso trabajos estacionales, como la hostelería en periodo estival.
En todo caso, el arrendador tendrá que justificar y acreditar el motivo del alquiler de temporada; y el contrato no podrá ser inferior a 31 días ni exceder de 12 meses. En caso de superarlos o si suceden más de dos contratos, se entenderá que se trata de una relación contractual de vivienda habitual y se le aplicarían todos sus preceptos, como el plazo mínimo o el régimen de prórrogas.
El arrendador podría desistir del contrato transcurridos 31 días, siempre que se lo comunique al arrendatario con al menos 12 días de antelación.
Otra de las principales novedades es que se blinda que en ningún caso se podrá repercutir sobre el inquilino el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Tampoco podrán fijarse nuevas condiciones que hagan recaer sobre el arrendatario cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones o cualquier tipo de concepto análogo que no figurase previamente en el contrato.
De igual forma, Gobierno y socios han aprobado transaccionales para regular el precio del alquiler por habitaciones de tal manera que la suma de la renta no pueda exceder el tope establecido para la vivienda al completo.
Se pone también coto a los gastos de inmobiliarias para que no se repercutan sobre el arrendatario ni directa, ni indirectamente; y límites a la fianza.
Por último, se establece que el arrendador debe garantizar las condiciones de habitabilidad. Cuando existan daños o desperfectos que afecten a la seguridad o salubridad de la vivienda, el arrendatario podrá requerir por escrito la reparación necesaria, adjuntando un presupuesto razonable. El arrendador dispondría de 15 días naturales para responder y aceptar o plantear una alternativa. Si se niega o no responde en el plazo estipulado, el inquilino podrá acometer la reparación y descontarla de mensualidades futuras.
Sin fiscalidad
El Ministerio de Vivienda esperaba abrir el melón de la fiscalidad en el marco de la proposición de ley de alquileres de temporada. Había conversaciones abiertas sobre cuestiones relacionadas con el incremento del IBI en zonas tensionadas y consenso en otros asuntos tributarios, como la subida a las SOCIMI (Sociedades Cotizadas de Inversión) del 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler asequible, o gravar las viviendas vacías para incentivar su salida al mercado. Tanto el PSOE como ERC tiene registradas sendas proposiciones de ley con estas medidas. Finalmente, se han quedado al margen y no se ha integrado ninguna en la de alquileres de temporada.
