QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado ha dado luz verde al dictamen del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que irá al Pleno de la Cámara Alta de esta misma semana. El Partido Popular ha recurrido a su mayoría absoluta para integrar 22 de sus enmiendas en una ponencia en la que el resto de grupos no ha podido introducir ni una sola modificación. Únicamente el Grupo Socialista, con 12 correcciones puramente técnicas al texto remitido por el Congreso. Así las cosas, los populares han suprimido el cierre de las centrales nucleares y dejan en el aire importantes enmiendas de Junts y ERC sobre descarbonización y licitaciones desagregadas, que se debatirán y votarán el miércoles.
El texto ha salido adelante con el voto favorable del Grupo Popular (17), que se ha impuesto a los 10 noes (PSOE e Izquierda Confederal) y las cinco abstenciones (EH Bildu, ERC, Junts, PNV y Vox).
La senadora de la formación liderada por Santiago Abascal, Paloma Gómez Enríquez, ha anticipado que presentará voto particular para defender en Pleno el veto al proyecto de ley, a pesar de que este lunes también se ha votado y no ha prosperado. El resto de grupos, también hará lo propio para defender sus enmiendas.
De las modificaciones introducidas por el PP en ponencia, destaca la enmienda de adición que suprime la fecha de cese definitivo de explotación de las nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrantes. Los populares alegan que se ha de continuar con la contribución de la energía nuclear en el mix energético para facilitar la movilidad y el transporte sostenible.
El senador socialista Antonio Poveda ha denunciado que no debería admitir tal modificación porque “creemos que es inconstitucional”. Una acusación que no ha caído en saco roto. El senador del PP Juan José Sanz ha respondido con un tajante “en absoluto nadie dijo que fuera inconstitucional”. Y ha añadido: “La capacidad de modificar leyes es de los parlamentos y en ningún caso se ha dicho que sea inconstitucional. La letrada dejó claro que no era inconstitucional”.
La pegunta es: ¿Sobrevivirá esta enmienda al Congreso? Normalmente, las modificaciones que acostumbra a introducir el PP en el Senado son posteriormente revertidas por el bloque de investidura en la Cámara Baja, sin embargo, Junts se ha descolgado, lo que abre la puerta a que algunas de ellas, sobre todo las pactadas con los de Carles Puigdemont, sobrevivan. Sobre esta, en concreto, cabe recordar que precisamente una abstención de Junts facilitó en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PP con la que pretenden frenar el cierre de instalaciones nucleares pactado por el Gobierno con las empresas.
Modificaciones pendientes
Junts, que rompió relaciones con el PSOE y, de facto, con el Gobierno, es una de las formaciones que más papeletas tiene de lograr el respaldo del PP para introducir algunas enmiendas en el proyecto de ley durante el Pleno del miércoles.
Según ha podido saber Demócrata, la formación catalana no tiene intención de dejar caer la iniciativa, pero sí que está negociando con los populares algunas de sus enmiendas.
El senador de Junts Joan Baptista Bagué ha puesto el foco en cinco. Plantean que se incorporen dos vocalías más en el Foro Territorial de Movilidad Sostenible tanto para el País Vasco como Cataluña, en este último caso, para la ACM (Associació Catalana de Municipios i Comarques de Catalunya).
También proponen modificar el procedimiento para la determinación de la cuantía de las subvenciones para la financiación de costes operativos para compensar los déficits de inversiones de años precedentes; obligar al uso del casco para todos los ciclistas en entornos urbanos de más de 5.000 habitantes y la contratación de un seguro; y la transferencia de los servicios ferroviarios a la Generalitat de Catalunya.
La última a la que se ha referido Bagué está en conversaciones con el PP para ser incluida en el proyecto de ley. Se trata de un artículo de adición sobre el Programa de descarbonización acelerada de las flotas de buses interurbanos. Junts demanda un Real Decreto con un Programa plurianual de ayudas para la sustitución y ampliación de las flotas de operadores de líneas regulares y autonómicas con el fin de permitir al sector del transporte colectivo interurbano de viajeros acelerar su proceso de transición hacia entornos de economía verde, así como conseguir alcanzar cuanto antes el objetivo de que un mínimo del 50 % de vehículos de las flotas de transporte interurbano sean de emisiones “0” (100 % eléctricos, gas o biogás, otros biocombustibles y motorizaciones “0” emisiones). El Gobierno dispondría de un plazo de seis meses.
Las ayudas contemplarían tanto subvenciones como financiación diferida. A estos efectos, se establecerá la correspondiente previsión presupuestaria anual en los créditos destinados a los Ministerios de Transporte y Movilidad Sostenible, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o a los que los sustituyan en dichas competencias.
En los supuestos en que los plazos de amortización de las inversiones requeridas para la adquisición de vehículos o adecuación de cocheras y bases superen los periodos de duración de las concesiones vigentes en el momento de la solicitud de las ayudas, se habilitaría a las Administraciones titulares de las concesiones de transporte colectivo interurbano de viajeros para que puedan ampliar los plazos concesionales hasta como máximo el 3 de diciembre del año 2039.
Otra enmienda que está siendo negociada con el Grupo Popular en el Senado aspira a suprimir la obligatoriedad de que las administraciones públicas deban facilitar información a la OFVA central.
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha defendido la imperiosa de necesidad de diseñar, en el marco de un Plan estatal para el despliegue de la infraestructura pública de recarga del vehículo eléctrico, licitaciones desagregadas en las que los servicios de recarga eléctrica sean el objeto único del contrato.
Se evitaría, así, la exclusión de nuevos actores y las ineficiencias derivadas de consorcios forzados. Esta división de las licitaciones públicas de electrolineras y gasolineras salvaría las inversiones de las electrolineras especializadas.
El Grupo Republicano ya impulsó la misma enmienda durante la tramitación parlamentaria en el Congreso, pero no prosperó. Fuentes de ERC apuntan a que, en esta ocasión, sí que tienen posibilidades de que prospere.
Todas estas cuestiones se resolverán definitivamente el miércoles en el Pleno. Después, el texto se remitirá nuevamente al Congreso para concluir la tramitación.
