QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a un dictamen del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible amenazado por el rechazo de Podemos. Los morados, finalmente, tornaron su ‘no rotundo’ en una abstención que, al igual que con el Real Decreto de embargo de armas a Israel, ha propiciado el avance de la iniciativa. ¿Qué incluye, a qué sectores afecta, quién gana y quién pierde?
El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible está muy trabajado y amasa un gran concierto de los grupos parlamentarios del bloque de investidura. Durante la ponencia se incorporaron unas 140 modificaciones (más de un centenar de transaccionales y 35 enmiendas en sus términos) y en Comisión se añadieron otras 18 transaccionales y 12 enmiendas originales.
El primer tanto se lo apuntan las comunidades autónomas, puesto que la presión ejercida por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV y Junts ha propiciado un texto muy pulido para evitar la invasión competencial. O al menos así lo interpretan los ponentes. “Nuestras aspiraciones se han visto cubiertas y entendemos que no tiene riesgo de invasión competencial ni de centralizar la gobernanza”, dicen desde la izquierda abertzale.
El informe de ponencia no terminaba de entusiasmar a las asociaciones ecologistas, pero tras las 30 modificaciones de la Comisión (18 transaccionales y 12 enmiendas en sus términos), la impresión es otra.
Tanto es así que 15 entidades como Alianza por el Clima, CCOO, Greenpeace o Fundación Renovables, entre otras, emitieron un comunicado conjunto para pedir a los grupos parlamentarios la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. El mensaje tenía un claro receptor: Podemos. Los de Ione Belarra llevaban semanas advirtiendo de que rechazarían el dictamen, lo que implicaría su caída, si no se detenían las ampliaciones previstas del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia.
La norma cierra la puerta a la liberalización de rutas al coste adicional que suponía para las Comunidades Autónomas asumir servicios que quedaran fuera del futuro mapa concesional. También se prevé la comercialización de un único billete combinando línea regular y transporte discrecional cuando no exista una línea que cubra ese trayecto.
El cabotaje pierde mucha fuerza, al renunciar Sumar y Bildu a su enmienda; e incluye una definición específica para las estaciones de recarga ultrarrápida y se reconoce como figura estratégica para la electrificación del transporte y el suministro eléctrico portuario. Además, se exime de autorizaciones a las infraestructuras eléctricas para suministrar energía a puntos de recarga cuando no requieran evaluación de impacto ambiental ni declaración de utilidad pública.
El proyecto de ley contempla una futura regulación para suprimir los trayectos de avión toda vez que exista una alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas y no afecte a conexiones internacionales. De igual forma, se estudiarán las conexiones con países europeos atendiendo, fundamentalmente, a aquellos en horario nocturno.
La iniciativa también prevé impulsar las autopistas ferroviarias y un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para favorecer el trasvase de mercancías a este modo durante un mínimo de cinco años.
Las compañías deberán contar, en un plazo de 24 meses, con planes de movilidad a los centros de trabajo. La clave reside en que el texto establecía que estaban obligadas las empresas con más de 500 trabajadores o 250 por turno; y tras aceptar una enmienda transaccional, se ha rebajado a 200 trabajadores y 100 por turno, por lo que impactará en un mayor número de empresas. Habrá subvenciones para impulsar estos planes de movilidad al trabajo.
Se esbozan nuevos objetivos vinculantes de mitigación, actualizando e impulsando la progresiva descarbonización del transporte y la movilidad, de manera que se contribuya a alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050. Para ello, el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) incluirá objetivos concretos y cuantificables; y serán vinculantes al incremento de las energías renovables y reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero en el sector transporte.
La nueva ley blinda que el Consejo de Ministros no pueda privatizar líneas de transporte público de uso general de viajeros; y se recoge que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se disponga una línea de ayudas para la renovación de flotas.
Se apuesta por la electrificación de puertos para contribuir a la descarbonización y a la mejor calidad del aire en entornos portuarios, por lo que sus autoridades deberán promoverla.
Las islas también salen ganando por la mejora de la movilidad. Usando como base enmiendas de Coalición Canaria, durante la Comisión se transaccionó para forzar al Consejo Superior de Movilidad Sostenible a elaborar de forma prioritaria un informe sobre la movilidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla teniendo en cuenta su condición extrapeninsular, insular o de región ultraperiférica. Se adoptarán medidas de financiación estatal en sintonía con el antecitado informe.
El PP consiguió colar en el texto, de la mano de Vox, Junts y una abstención del BNG, una enmienda en sus términos con incentivos para la renovación del parque de automoción español. El Gobierno dispondría de tres meses para desarrollar un plan de renovación para incentivar la adquisición de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de vehículos antiguos del parque móvil español.
Las Administraciones Públicas deberán promover obras en terminales de transporte para mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad y el uso eficiente; así como el establecimiento de puntos de recarga eléctricos en carreteras; y se tendrán que colocar señales visibles para informar de su ubicación.
He aquí uno de los principales puntos de fricción que genera la Ley de Movilidad Sostenible y que deja un claro perdedor: las electrolineras.
Inversiones y fondos europeos en juego
La Ley de Movilidad Sostenible obligaría a grandes gasolineras a disponer de puntos de recarga; una medida que no ha gustado al sector de las electrolineras.
Los titulares de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos cuyo volumen agregado de ventas de gasolina y gasóleo A sea igual o superior a 10 millones de litros a partir de 2025 deberán disponer de al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de mínimo 400kW y un punto de recarga eléctrica con una potencia disponible individual de al menos 150 kW. Las que no cumplan, dispondrán de 21 meses para su instalación o para acreditar su cumplimiento.
Las instalaciones que cumplan estos requisitos a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un grupo de recarga de al menos 600 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua en un plazo de 12 meses.
Fuentes del sector de las electrolineras consultadas por Demócrata consideran que es un duro golpe para la industria porque delega el despliegue de los puntos de recarga en las grandes gasolineras, cuando se debería fomentar el impulso de las electrolineras especializadas y con puntos de recarga de más calidad. Además, certifica las licitaciones unificadas de gasolina y electricidad, dejando fuera de la ecuación a las electrolineras.
Según ha podido saber Demócrata, ERC impulsará durante la tramitación en el Senado una enmienda que ya registró en el Congreso, pero no prosperó. Se trata de la conocida 749 que separa las licitaciones públicas de electrolineras y gasolineras: “El Ejecutivo promoverá legalmente la diferenciación de las licitaciones específicas para electrolineras de aquellas destinadas a instalar estaciones de repostaje de combustibles fósiles”. Esta modificación sería la que salvaría las inversiones de las electrolineras.
La aprobación de la ley implica que el Gobierno no tenga que modificar la planificación de los fondos europeos, ya que llevaba vinculados 10.000 millones.
El texto continuará con su tramitación en el Senado, donde el Partido Popular imprimirá sus demandas para devolver a la Cámara Baja un proyecto de ley a su imagen y semejanza, como viene siendo habitual en la legislatura dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Y también como suele ocurrir, el Grupo Socialista se apoyará en sus socios para eliminar las enmiendas que modifiquen sustancialmente elementos nucleares.
