Varias decenas de personas se han concentrado desde primera hora de este jueves en el barrio de Embajadores, en el distrito Centro de Madrid, con el objetivo de impedir el desahucio de Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años que ha vivido toda su vida en una vivienda perteneciente a una orden religiosa y que afronta ya su quinta orden de lanzamiento.
Desde primeras horas de la mañana, la Policía Nacional ha desplegado un amplio operativo y ha acordonado el entorno con hasta ocho furgones y cuatro coches patrulla. “Estamos hablando de entre 80 y 100 policías para desahuciar a un señor de 67 años, inquilino de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís”, ha denunciado Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
La portavoz ha explicado que dos activistas han manifestado su disposición a arrojarse al vacío si la comisión judicial procede finalmente al alzamiento, que ya ha sido suspendido en cuatro ocasiones previas. De forma preventiva, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han instalado una colchoneta de seguridad en la calle.
Al mismo tiempo, varias decenas de vecinos y activistas, convocados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se han concentrado ante el portal del número 1 de la calle Carnero para tratar de frenar la ejecución de la orden “con la presión popular”.
La propiedad del inmueble sostiene que el lanzamiento es necesario por la urgencia de acometer obras en el edificio, que presenta un grave deterioro. Desde el Sindicato de Inquilinos, sin embargo, insisten en que ese estado es consecuencia directa “de años de abandono y dejadez” por parte de los propietarios.
“Los culpables claros de esto son, en primer lugar, la Delegación de Gobierno, que era plenamente consciente de lo que iba a pasar aquí. En segundo lugar, Pedro Sánchez, por no derogar la Ley Mordaza, que nos asfixia al movimiento de vivienda en cada lanzamiento. Y en tercer lugar también, a la Ministra de Vivienda, que ha sido incapaz de, en la mayor crisis de vivienda, ejecutar ninguna medida eficaz”, ha denunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinos.
En la misma línea, Vilariño ha señalado también a las administraciones autonómica y municipal. “No podemos olvidar también que estamos en la Comunidad de Madrid y que Ayuso y Almeida son absolutamente culpables. No aplican la Ley de Vivienda y no generan ninguna alternativa para los madrileños y para las madrileñas. Hoy, todo este sistema absolutamente fallido, junto con los jueces y las comisiones judiciales que aplican leyes totalmente injustas, son los que han fallado hoy”, ha indicado.