QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE de Andalucía ha valorado este martes como “un salto muy importante” que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz haya decidido, mediante una providencia, pedir a la Intervención General del Estado (IGAE) un peritaje técnico sobre los informes emitidos por la Intervención de la Junta de Andalucía en relación con la supuesta fragmentación de contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
En esta causa, el PSOE de Andalucía actúa, junto con Podemos Andalucía, como acusación popular en las Diligencias Previas 911/2024 que se tramitan en el citado juzgado gaditano.
“Se complica cada día que pasa la causa que se sigue en Sevilla, como en Cádiz, en el resto de provincias”, ha señalado en rueda de prensa en la sede regional socialista el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.
“Cada día está más complicada la posición de Moreno Bonilla, de su gobierno”, ha añadido Jiménez, que ha puesto el foco en que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, haya “admitido la solicitud del PSOE” para que “la Intervención del Estado investigue toda la contratación que se ha fraccionado de manera presuntamente ilegal para la malversación de 235 millones sólo en la provincia de Cádiz”.
“El peritaje es la mejor manera de averiguar y nadie como la Intervención del Estado cuando hay en juego cientos de millones de euros”, ha sostenido el dirigente socialista, defendiendo que este órgano es el más adecuado para revisar la documentación generada por la Intervención autonómica.
Jiménez ha recordado el volumen de contratos bajo la lupa judicial, al apuntar que el supuesto fraccionamiento de contratos sanitarios alcanzaría los 1.200 millones de euros, y ha argumentado que, ante “los millones de datos que hay que investigar, la Intervención del Estado tiene los mejores medios y más medios que nadie para evaluar el procedimiento”.
El portavoz socialista ha insistido en la idea de que “lo que se contrata de emergencia se contrata más caro”, y que “lo que se contrata de manera ilegal genera un quebranto de fondos públicos de la Junta de Andalucía”, para remarcar que “no lo dice el PSOE, lo dicen los interventores delegados del SAS, que lo dijeron de manera reiterada”, lamentando a continuación que “nadie los quiso escuchar”.
“La reacción de Moreno Bonilla fue cesar a la interventora delegada del SAS”, ha concluido en este punto, al referirse a la respuesta del Gobierno andaluz ante los avisos procedentes de su propia Intervención.
Las diligencias previas sobre el presunto troceo de contratos sanitarios que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz discurren en paralelo a las Diligencias Previas 2476/2024 abiertas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde igualmente PSOE de Andalucía y Podemos Andalucía ejercen la acusación popular en otra causa vinculada a la contratación de emergencias del SAS.
