Publicidad institucional y reforma de Seguridad Ciudadana: ¿Qué han pactado (y qué no) PSOE y Sumar?

Yolanda Díaz ha anunciado un acuerdo, que Pilar Alegría ha rebajado, para modificar la ley de Seguridad Ciudadana; al tiempo que ha confirmado cambios en la publicidad institucional para impedir financiación a “pseudomedios”

(I-D) La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el diputado de Sumar Enrique Santiago y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 20 de junio de 2024, en Madrid | Eduardo Parra (EIUROPA PRESS) 20/6/2024

“Acabamos de alcanzar un acuerdo en el que la petición de Sumar para derogar la ley Mordaza se consuma”. Con estas palabras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado un acuerdo con el PSOE para rescatar uno de sus principales compromisos: la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que fracasó la pasada legislatura. La iniciativa se enmarcaría en el mismo plan de regeneración que afectaría a los medios de comunicación. ¿Qué se ha cerrado exactamente?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles para, además de dar cuenta de todo lo acontecido en las últimas citas del Consejo Europeo, presentar lo que ha denominado Plan de Acción por la Democracia. Consiste en un paquete de medidas de regeneración entre las que se prevé una ley de medios que establecería requisitos para la transparencia sobre la propiedad de los mismos y sobre la publicidad institucional.

Yolanda Díaz ha confirmado la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, precisando que se pretende impedir que los medios que practiquen “pseudoperiodismo” y vulneren “código deontológicos” reciban financiación pública.

¿Reforma de Seguridad Ciudadana?

Sumar quería ir más allá con el plan de regeneración democrática y, según Díaz, se ha cerrado un acuerdo para retomar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya fracasó en la pasada legislatura por discrepancias con dos de los socios principales, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu.

Según Díaz, el nuevo pacto entre PSOE y Sumar consistiría en varios puntos, aunque la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría solo ha confirmado uno: la modificación de los delitos de injurias a la Corona.

Los otros asuntos que según Díaz se han acordado, pero que no han sido aún confirmados por el socio mayoritario del Ejecutivo, serían la modificación del artículo 36, relativo a las infracciones graves; la supresión del artículo 525 del Código Penal que recoge el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público; y cambios en la protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

El artículo 36 se enmendaría para que únicamente se considerase como infracción grave los supuestos en los que existe un riesgo real de que se genere una situación de peligro, de manera que no se entendería como tal la mera toma o difusión de imágenes en lugares de tránsito público o manifestaciones. Ese asunto afectaba de manera especial a periodistas y por ello se incluye en el paquete del plan de regeneración.

¿Algo más?

Tanto lo anunciado por la ministra de Trabajo y Economía Social como lo confirmado por el PSOE descafeinarían la conocida por sus detractores como ley Mordaza. Sin embargo, el acuerdo está aún lejos de aquel dictamen de la legislatura pasada, que generó un importante consenso en torno a varios asuntos y que decayó en comisión por dos detalles.

La reforma de «Mordaza» comprometida, ¿se limitará al nuevo acuerdo de PSOE y Sumar o se recuperará el carácter más ambicioso?

Y es que, Sumar rescató aquel articulado decaído exactamente en el punto donde quedó. Los de Yolanda Díaz registraron en el Congreso una Proposición de Ley que no era sino la última versión del dictamen, dejando al margen las dos cuestiones que provocaron la negativa de los republicanos catalanes y la izquierda abertzale: las devoluciones en caliente y las pelotas de goma.

El resto, tal y como explicó el portavoz de Interior del Grupo Plurinacional y dirigente de IU, Enrique Santiago, es exactamente lo mismo. A su juicio, la iniciativa implicaría la “derogación de facto” de la ley Mordaza y espera pulir los puntos calientes con los socios en el proceso de enmiendas.

Lo que no incluye

Había cuatro puntos discordantes que distanciaban a los socios del Gobierno: las pelotas de goma, las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, el concepto de desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a la misma. Los dos últimos se salvaron en la última sesión de la Comisión, pero quedaban los dos restantes.

Para desbloquear las conversaciones, los socialistas plantearon incorporar una disposición para comprometer al Ejecutivo a estudiar y revisar todos los materiales antidisturbios que pudieran emplearse, pero no se hacía una referencia expresa a las pelotas de goma.

En cuanto a las devoluciones en caliente, el PSOE esperaba sacarlas del debate y que sus socios aceptaran tratarlas en una futura Ley Orgánica «de Extranjería». Tanto ERC como EH Bildu se negaron porque no vislumbraban que fuera modificada en lo que restaba de legislatura.

Por su parte, Enrique Santiago abundó en que ambas cuestiones pueden tratarse vía enmienda, deslizando que la posición de su grupo es de “máximos”.

Lo que sí

En cuanto al grueso de las medidas acordadas, la propuesta de Sumar mantiene todas las demandas, como la de imponer sanciones proporcionales atendiendo a la minoría de edad y a la capacidad económica del infractor. El dictamen que ahora se rescata establece una reducción del 50% de las multas a personas que acrediten ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo y del 25% entre esa franja y 2,5 veces.

Se contempla igualmente la posibilidad de reducir multas o suspenderlas en caso de acuerdos, se eliminan las sanciones al «top manta», se suprime la penalización de la difusión de imágenes de protestas o de actividades de las Fuerzas de Seguridad y se reducen las multas por tenencia de cannabis.

La ausencia de comunicación previa a una manifestación ya no impediría el ejercicio del derecho de reunión, toda vez que se ejerza de forma pacífica, y no se multaría subsidiariamente a organizadores de manifestaciones si se producen altercados; se eliminaría el criterio absoluto de veracidad de los agentes y se modificarían los tiempos de identificación (dos horas, prolongable a seis).

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