QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En enero del 2000, la VI Legislatura daba sus últimos coletazos y la Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social finalizaba su tramitación parlamentaria. La norma, impulsada por el primer Gobierno de José María Aznar, preveía en su disposición final sexta un plazo de seis meses para que el Ejecutivo aprobará el Reglamento de esta Ley Orgánica.
Paralelamente, en la disposición transitoria primera se instaba al Gobierno a establecer un procedimiento para la regularización de los extranjeros solicitantes de residencia o trabajo mediante Real Decreto. Aunque Aznar logró ser reelegido presidente con mayoría absoluta, no fue hasta la llegada de Zapatero cuando terminó de concretarse esta norma dando lugar a la mayor regularización de migrantes hasta la fecha.
Un deber pendiente
Zapatero apenas llevaba seis meses en La Moncloa cuando anunció en una sesión de control en el Congreso que en el plazo de un mes se aprobaría el Reglamento de la Ley de Extranjería. Era septiembre de 2004 y la noticia causó un gran revuelo en la oposición que llegó a calificar de «grotesco» el comportamiento del Ejecutivo en este ámbito. Frente a las críticas de la bancada popular, el presidente del Gobierno reprochó al entonces líder del PP, Mariano Rajoy, y exministro del Interior su actitud: «¿Es que no se sonroja usted de hablar de desastre después de estar gobernando y de que el resultado haya sido 800.000 inmigrantes irregulares en nuestro país?».
Llegó el Real Decreto
Vía Real Decreto, y con cuatro años de retraso, en enero de 2005, el Ejecutivo del PSOE cumplió el mandato de la Ley Orgánica dándole el desarrollo reglamentario pertinente. Un trámite que además aprovechó para resolver la situación irregular de cientos de miles de migrantes, cuya regularización disponía la norma del Gobierno de Aznar, pero que todavía no se había dado.
En la disposición transitoria tercera del Reglamento, que hacía referencia al «proceso de normalización», se habilitó un plazo de tres meses (desde su publicación en el BOE) para que los empresarios o empleadores que pretendieran contratar a un extranjero solicitaran que se le otorgara una autorización inicial de residencia y trabajo.
Como requisitos se exigía que el trabajador figurara como empadronado en un municipio español, al menos con seis meses de anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento, y que se encontrara en España en el momento de realizar la solicitud.
Además, era necesario que el empresario o empleador hubiera firmado con el trabajador un contrato de trabajo condicionado a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo. Estas peticiones se tramitaron con carácter preferente y la concesión de la autorización implicó el archivo de los expedientes de expulsión pendientes que pudieran tener abiertos los solicitantes.
Hubo 691.655 solicitudes y se resolvieron favorablemente 565.121, lo que representó un 81,7%. Fue la única regularización extraordinaria de la etapa de Zapatero y a día de hoy sigue siendo la más numerosa.
Regreso el presente
Dos décadas después, Podemos pide ahora al Gobierno que imite la fórmula que empleó Zapatero en 2005: una regularización extraordinaria vía Real Decreto. Aprobarla a través de este mecanismo aceleraría los tiempos, ya que este rango de norma no tiene que pasar por el Congreso. Se subsanaría así el principal escollo que está teniendo la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por Regularización Ya: la falta de apoyo parlamentario.
Aunque Sumar no lo ha verbalizado, su coordinadora, Lara Hernández, ha apremiado al PSOE a sacar adelante la regularización extraordinaria antes de que termine el mes de octubre. Cuestionada sobre si esto implica la aprobación de un decreto en el seno del Gobierno como el de Zapatero, Hernández ha eludido concretar al apuntar que las «cuestiones técnicas» no les interesan, sino que la medida sea realidad en ese periodo de tiempo.
Marcando la agenda
La ILP objeto de polémica fue tomada en consideración el año pasado por el Congreso solo con los votos en contra de Vox. Una medida heredada de la anterior legislatura, que logró más de 600.000 firmas ciudadanas y que desde entonces está a la espera de que se convoque la ponencia.
Podemos y Sumar llevan meses pidiendo al PSOE que desbloqueé la iniciativa sin grandes avances. Pero con la cuestión migratoria en su punto álgido, la petición ha cobrado más fuerza y amenaza con poner en juego la suma del bloque de investidura. Sin ir más lejos, tras el portazo del Congreso al traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña —con el «no» del PP, Vox y Podemos—, el portavoz de Junts, Josep Rius, denunció que los de Ione Belarra propusieran, «en el último momento», un «intercambio de cromos» entre esta delegación y la regularización de 500.000 migrantes.
