QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pasado mes de abril la Mesa del Congreso encargó a la Secretaría General de la Cámara una propuesta de Plan de Parlamento Abierto. La iniciativa se inscribe dentro del V Plan de Gobierno Abierto de España y tiene como objetivo hacer más accesible la institución para los ciudadanos. En el documento remitido por la Secretaria General a la Mesa se lleva a cabo un diagnóstico de la situación.
Si bien, en los últimos años se han adoptado decisiones en la materia como las normativas relativas al registro de intereses (2009), a la aplicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (2015) o el Código de Conducta de las Cortes Generales (2020), se concluye que se requieren «mejoras continuas». La ejecución del Plan se iniciaría durante el segundo semestre de este año, finalizaría en diciembre de 2027 y estaría articulada en dos niveles de aplicación.
Por un lado, el administrativo, que incluiría todas aquellas iniciativas que pueden ejecutarse directamente bajo la supervisión de la Secretaría General, como la ampliación de los contenidos en la web del Congreso o la mejora de los procesos de publicación de información. Por otro, el ámbito político, que de implementarse lo previsto en el Plan exigiría de modificaciones del Reglamento de la Cámara e incluso de la adopción de nuevas normas.
Esta propuesta inicial, que ha servido a los grupos parlamentarios como base para sus sugerencias, se ha diseñado en torno a cuatro ejes de actuación: de transparencia y acceso a la información, de participación, de integración y rendición de cuentas y de sensibilización y formación.
Entre las medidas planteadas destaca la posibilidad de publicar los resultados nominales de las votaciones realizadas en las Comisiones. No obstante, para su implementación sería necesario un estudio previo para determinar la viabilidad técnica teniendo en cuenta las singularidades reglamentarias del voto en Comisión.
Dentro del área de transparencia, pero en el plano administrativo, se ha puesto sobre la mesa garantizar la publicación «sistemática y oportuna» de todas las respuestas a las solicitudes de acceso a la información. También, el compromiso de hacer público un inventario detallado de todas las actividades de tratamiento de los datos de carácter personal que realiza el Congreso, asegurando el cumplimiento de las normativas sobre protección de datos.
En lo que al eje de participación se refiere, se ha planteado la puesta en marcha de una sede electrónica del Congreso que permitiría presentar de forma telemática escritos dirigidos a los órganos parlamentarios y «facilitaría la interacción con la ciudadanía».
Con el fin de que los ciudadanos tengan acceso detallado a las actividades y compromisos legislativos de los diputados, la Secretaría General ha planteado el desarrollo de una guía informativa sobre la publicidad de las agendas parlamentarias de sus señorías.
Además, en el escrito se señala la necesidad de completar la adaptación de los sistemas internos de información sobre infracciones normativas para garantizar la confidencialidad de las denuncias, tras la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
En el área de sensibilización y formación, las propuestas van encaminadas a la formación de los diferentes colectivos que integran el Congreso, a través de diversos seminarios, tanto para funcionarios y personas que prestan sus servicios en los grupos, como para los medios de comunicación acreditados en la Cámara, así como de introducción a los nuevos diputados al inicio de cada legislatura.
El escrito de la Secretaría General también recomienda la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por miembros de la Cámara y por representantes de la administración parlamentaria encargados de elaborar informes como mecanismo de evaluación. Los informes serían presentados a la Mesa y publicados en la web del Congreso.
