Tras una semana marcada por un Pleno con votaciones importantes con el dictamen del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y la convalidación del Real Decreto de embargo de armas a Israel, esta se prevé de mucho debate, pero pocas nueces. El hemiciclo aborda dos proposiciones de ley vinculadas a la conciliación, ninguna de ellas con visos de prosperar. Una es del Grupo Mixto, en concreto del diputado del BNG, Néstor Rego, para reducir la jornada laboral a 35 horas semanales (no a 37,5, como planteaba el Proyecto de Ley que no superó el debate de totalidad). La otra proposición de ley es la conocida propuesta de Familias del Partido Popular.
Sendas iniciativas inciden en viejos debates, pues ninguna de las dos es nueva. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que volvería a llevar a Pleno la reducción de jornada laboral tras decaer hace un mes a manos del PP, Vox, UPN y Junts. De hecho, no tardó en reaccionar iniciando los trámites de un Real Decreto -que no pasaría por el Congreso- para imponer un registro de jornada digital. Lo que no sabía Yolanda Díaz era que el debate regresaría al Pleno tan pronto y a lomos de otro grupo, el BNG.
Néstor Rego registró la iniciativa el pasado mes de febrero. Tras decaer el proyecto de ley del Gobierno, dio un paso al frente y adelantó que elevaría la suya propia al Pleno. Dicho y hecho. La diferencia es que la del gallego es más ambiciosa, puesto que no se queda en las 37,5 de la ministra de Trabajo; sino que propone 35 y avanzar hasta la jornada de 32. “Hay que ser valientes y tomar en consideración esta medida”, urgió.
Por otro lado, el Pleno del Congreso debate la Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar del Grupo Popular. Es su primera vez en la Cámara Baja, pero es de sobra conocido tanto por la polémica que generó como por prosperar la misma en el Senado.
La cronología fue la siguiente. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiso hacer del otoño de 2024 el “otoño de la conciliación”, por lo que registró su ley de Familias en el Congreso el 1 de octubre. El Gobierno manifestó su disconformidad alegando que impactaba en los Presupuestos Generales. El texto decayó.
Los populares criticaron la maniobra del Ejecutivo esgrimiendo que en su propuesta se especificaba que el impacto fiscal no entraría en vigor hasta la aprobación de las nuevas cuentas. Así las cosas, reaccionaron en el Senado, valiéndose de su mayoría absoluta para aprobar la iniciativa y remitirla al Congreso, donde duerme ahora el sueño de los justos.
Apenas cuatro días después de que la Mesa calificara la iniciativa llegada del Senado, el PP volvió a registrarla como proposición de ley el 14 de junio. En esta ocasión, el Gobierno no manifestó disconformidad alguna y permitió el debate, que tendrá lugar esta semana.
La propuesta del PP pretende no solo transponer la directiva europea relativa al permiso parental retribuido de ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años; sino sentar los mimbres de nuevas políticas como articular un Banco de horas, incrementar la flexibilidad laboral, ampliar los permisos, incorporar la Educación gratuita de cero a tres años y medidas específicas para familias en situaciones especiales.
El impacto fiscal de la iniciativa radica en la potencial reforma del IRPF y la revisión de diversas bonificaciones, así como de la cofinanciación al 50% del Estado y Comunidades Autónomas para la Educación Infantil gratuita.
El Consejo de Ministros, en febrero de 2024, aprobó su Proyecto de Ley de Familias, y desde entonces, dormita al calor de las sucesivas ampliaciones de enmiendas. Cierto es que se ha recurrido a otros instrumentos e iniciativas para ir aprobando permisos, como en la prórroga del llamado escudo social, que se rescataron varios incluidos de la Ley de Familias; o este verano, cuando vía Real Decreto-ley el Ejecutivo dio luz verde a nuevos permisos de nacimiento y cuidados.
