Aprobada la semana pasada en el Congreso, la Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, arranca su tramitación en el Senado. A falta de concretar el calendario exacto, ya se conocen algunas fechas clave para el proyecto de ley por el que se pretenden regular unos estándares de calidad mínimos de los servicios de atención al cliente de empresas que prestan servicios en determinados sectores o en las grandes empresas (la norma no incluye a la Administración General del Estado ni a su sector público).
Esta mañana ha comenzado el periodo para que los grupos parlamentarios en la Cámara Alta registren sus enmiendas o propongan vetos al texto. Dado que se ha decidido que la iniciativa se tramite por el procedimiento de urgencia, el Reglamento del Senado contempla cuatro días para presentar las propuestas de modificación, con «una única prórroga de dos días». Así, el presidente del Senado ha decidido incluir automáticamente la extensión prevista en el Reglamento, de manera que sus señorías dispondrán de un plazo que concluye el próximo miércoles, 26 de noviembre, sin posibilidad de ninguna otra prórroga adicional.
Plazo improrrogable de seis días
Para perfilar el resto de fechas, mañana se reúnen de forma telemática, a las 11:30 horas, los portavoces parlamentarios y los miembros de la Mesa de la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el órgano en el que se desarrollarán los trabajaos de ponencia y donde se redactará el informe con las propuestas de modificación a la versión del proyecto de Ley de atención a la clientela remitida por el Congreso de los Diputados.
En la Cámara Baja, la ley salió adelante con 179 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, Compromís, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos), 138 abstenciones (PP y UPN) y 33 en contra (Vox).
Todo pasa por el Grupo Popular
Cabe recordar que en la Cámara Alta el Partido Popular goza de mayoría absoluta, por lo que los de Núñez Feijóo tienen capacidad para introducir todos los cambios que estimen oportunos, así como para deshacer los hechos en el Congreso con los que no estén de acuerdo, como podrían ser los relativos a la obligatoriedad de atención telefónica en lenguas cooficiales. Las modificaciones que se hagan en el Senado tendrán que ser luego confirmadas (o descartadas) en el Pleno del Congreso.
En la comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están representados PP, PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Junts (por el Grupo Plural), Más Madrid (por el Grupo de Izquierda Confederal) y UPN (por el Grupo Mixto). El Senado tiene 20 días naturales para completar la tramitación del proyecto de ley, hasta el 10 de diciembre, último día para que se pronuncie el Pleno de la Cámara. No obstante, esa semana no está prevista la celebración de sesión plenaria, por lo que todo apunta a que el dictamen de comisión se lleve al pleno del 2-3 de diciembre.