El matrimonio que se enfrentaba este lunes al desahucio de la vivienda donde vivía desde 2018 en la zona de Playa Serena, en Roquetas de Mar (Almería), ha abandonado finalmente el piso. El marido, de 77 años, con cáncer de próstata y Alzheimer y en cuidados paliativos, ha sido derivado a una residencia de mayores en Vícar, mientras que su esposa, de 63 años, continúa por ahora sin una alternativa habitacional asegurada.
Según ha indicado la afectada a Europa Press, a lo largo de la mañana de este lunes retiraron los últimos enseres del domicilio y entregaron las llaves antes de las 14,00 horas, hora límite que, según les comunicaron, se había establecido para impedir que se ejecutara el lanzamiento con intervención judicial.
La resolución que ordenaba el desalojo fue notificada el 28 de enero por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Roquetas de Mar, que desestimó la petición de suspensión presentada por la defensa en el marco de un procedimiento de desahucio por precario, al no existir un contrato vigente que avalara su estancia en el inmueble. La primera tentativa de ejecución tuvo lugar la semana anterior, con la presencia de representantes judiciales y agentes de policía, aunque se pospuso siete días.
El caso se inició hace tres años y, durante este periodo, se dictó una sentencia que obligaba a abandonar la vivienda, posteriormente ratificada por la Audiencia Provincial de Almería. Mientras se resolvían los recursos, la inmobiliaria propietaria del piso lo vendió a una nueva dueña que, según fuentes judiciales, no ha percibido cantidad alguna en concepto de alquiler por parte de los ocupantes. Al mismo tiempo, los inquilinos no lograron que la Administración les reconociera la situación de vulnerabilidad que habían solicitado.
Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar han precisado que, a través de los Servicios Sociales municipales, se han puesto a disposición de la familia “todos los recursos necesarios desde el primer momento” y que se les ha acompañado durante todo el procedimiento.
El matrimonio, integrado por Gloria Patricia Velásquez, de origen colombiano, y Dick Beekhus, de origen neerlandés, casados desde hace 12 años, se trasladó a la provincia en 2018 desde Holanda y en ese momento firmó un contrato de arrendamiento con una inmobiliaria.
Concluido el contrato inicial, la mujer afirma que siguió pagando la renta, de 450 euros, durante un tiempo en el que ya no existía acuerdo escrito. Más tarde, la vivienda pasó a manos de otros propietarios y, según su relato, se les concedió un plazo de dos años para buscar otro alojamiento.
El hombre permanece encamado, sin poder caminar ni levantarse por sí mismo, y necesita cama articulada y grúa para cualquier movimiento. Desde hace seis años disponen de un servicio municipal de ayuda a domicilio durante varias horas al día, aunque es ella quien asume la mayor parte de la atención diaria, incluida la higiene, la alimentación y la administración de la medicación.
Ante la cercanía del desalojo, la mujer decidió alquilar un trastero para guardar parte de sus pertenencias y sigue pendiente de que los servicios sociales municipales concreten si se le concederá algún tipo de ayuda o alojamiento temporal.