Víctimas de la dana exigen indemnizaciones al Consell y rechazan que las equiparen al caso de Adamuz

Las asociaciones de víctimas de la dana exigen al Consell indemnizaciones y responsabilidades políticas y rechazan la comparación con el accidente de Adamuz.

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Representantes de las asociaciones de víctimas en la manifestación con el lema 'Mazón a presó', a 31 de enero de 2026, en Benetússer Jorge Gil - Europa Press

Representantes de las asociaciones de víctimas en la manifestación con el lema 'Mazón a presó', a 31 de enero de 2026, en Benetússer Jorge Gil - Europa Press

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L'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O han reclamado a la Generalitat Valenciana que, quince meses después de la tragedia, "reconozca a sus víctimas" y asuma "de una vez" su responsabilidad, compensando económicamente a los familiares de las personas fallecidas por las riadas, que aseguran no haber percibido aún ninguna indemnización.

Ambas organizaciones reprochan al Consell que establezca una "comparación capciosa" entre su situación y el accidente ferroviario de Adamuz. A su juicio, "utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable" y supone minimizar el sufrimiento de las familias afectadas.

En un comunicado conjunto difundido este miércoles, recuerdan que "quince meses después de los hechos, la Generalitat todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares". Consideran que esta diferencia de trato es "profundamente dolorosa y ofensiva" para quienes han perdido a un ser querido.

Las asociaciones remarcan que las familias "continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional" y califican de "especialmente grave e indignante" que, desde las instituciones, "se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario", en referencia al siniestro de Adamuz.

Subrayan que, "desde el respeto absoluto, la solidaridad y el dolor compartido con las víctimas y familiares de un accidente de tren, afirmamos con rotundidad que no se puede ni se debe comparar un accidente con la gestión criminal de una emergencia, existiendo información disponible y decisiones que no se tomaron". Por ello, insisten en la necesidad de distinguir claramente ambos contextos.

Al mismo tiempo, consideran "necesario" hacer una "aclaración" para "evitar confusiones interesadas". Detallan que "las víctimas mortales han sido indemnizadas por el Estado con el mismo importe en ambos casos. En el accidente ferroviario, a dicha cuantía se ha podido sumar la compensación derivada del seguro incluido en el billete de tren, lo que ha dado como resultado una cantidad final superior".

Niegan un trato desigual y señalan responsabilidades

En este sentido, recalcan que "en ningún caso esto supone una indemnización pública mayor ni un trato discriminatorio respecto a las víctimas de la dana" y reiteran que "utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable". A su entender, el Consell intenta ampararse en esa comparación para eludir sus obligaciones.

Las asociaciones sostienen que la Generalitat Valenciana "no ha asumido su parte de responsabilidad con las familias de las víctimas mortales de la dana ni en términos económicos ni políticos". Añaden que, transcurridos quince meses, "tampoco se han asumido responsabilidades políticas", ya que continúan en sus puestos los miembros del Consell "responsable de la gestión de aquel día", entre ellos Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, mientras que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón mantiene su acta de diputado.

Desde las entidades inciden en que el respeto a las víctimas "comienza por no realizar comparaciones capciosas, continúa con la verdad y la justicia, y se concreta con la reparación". Recuerdan que "las víctimas y sus familias no son un argumento político, ni una cifra, ni un ejemplo interesado: son vidas truncadas que merecen dignidad, responsabilidad institucional y una respuesta a la altura del daño causado" y reclaman al Consell que actúe en consecuencia.