QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pasado 28 de marzo el Grupo Parlamentario Vox registro una Proposición de ley Orgánica para la protección de los derechos constitucionales de los trabajadores. Una iniciativa cuyo objetivo es, entre otros, recuperar las penas de prisión para los piquetes informativos que coaccionen en huelga.
En su artículo primero, el texto plantea introducir un nuevo apartado al artículo 315 del Código Penal. Quedaría redactado como sigue:
3. Quienes, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de dos a cuatro años y seis meses o con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses.
El texto fue calificado por la Mesa del Congreso el pasado 11 de abril y el Gobierno dispone de plazo hasta el 23 de mayo para dar conformidad o no.
Un embrión de Mordaza
La redacción primigenia del Código Penal, que entró en vigor el 24 de mayo de 1996, incorporaba penas de seis meses a tres años y multa de seis a dos meses para quienes, “actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.
El Gobierno de Mariano Rajoy endureció las penas en 2015 con la famosa Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida por sus detractores como Mordaza. En marzo del 2021, el Congreso aprobó la propuesta del PSOE pactada con Unidas Podemos para despenalizar los piquetes (Ley Orgánica 2/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal). El hemiciclo se valió de los 189 votos a favor (PSOE, UP, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP, Más País, BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias), por los 151 en contra de PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. PNV, PRC y Coalición Canaria se abstuvieron.
Dos años después, Vox pretende recuperarlas y endurecerlas. Mientras la propuesta de Rajoy imponía condenas de entre un año y nueve meses y tres años, la formación liderada por Santiago Abascal estipula penas de entre dos y cuatro años y seis meses. Lo que sí coinciden es la multa, que en ambos casos es de 18 a 24 meses.
Argumentos
En la exposición de motivos de la Proposición de ley, Vox esgrime que, al suprimir el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, se despenalizó la actividad “de los denominados piquetes violentos y se conculcó, con ello, el derecho fundamental de los trabajadores a elegir con libertad si llevar a cabo o no una acción de huelga”.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Vox remacha que, a su juicio, “la actividad violenta no solo se ha mantenido, sino que se ha intensificado hasta el punto de que, ante jornadas de huelga, grupos minoritarios perfectamente organizados impiden el derecho al trabajo a miles de personas mediante la coacción, la intimidación y la violencia”.
