La Xunta de Galicia ha anunciado este viernes el inicio del proceso para archivar el proyecto industrial de la multinacional portuguesa Altri destinado a construir una macroplanta de celulosa y fibras textiles en los municipios de Palas de Rei, Antas de Ulla y Monterroso, en la provincia de Lugo, tras constatar la ausencia de conexión a la red eléctrica que la planta necesitaría para operar.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha explicado que el expediente se ha puesto en marcha formalmente al notificar a la empresa que dispone de tres meses para justificar técnicamente su conexión eléctrica; de no hacerlo, el archivo del proyecto será definitivo.
Ha subrayado que, según la planificación energética estatal vigente hasta 2030, no se contempla la construcción de una subestación eléctrica necesaria para dotar de suministro a la factoría, lo que hace inviable su desarrollo en la comarca.
Un plan con años de polémica detrás
El proyecto, anunciado en 2022 y promovido por Altri a través de la sociedad Greenfiber, contemplaba una inversión millonaria y la creación de hasta 2.000 empleos directos, con una planta capaz de producir grandes volúmenes de celulosa soluble y fibra textil ecológica.
Sin embargo, desde su presentación enfrentó una contestation social significativa, con protestas y movilizaciones de colectivos ecologistas y vecinos que denunciaron posibles impactos ambientales y el uso intensivo de recursos hídricos de la cuenca del río Ulla.
En 2025, la Xunta otorgó inicialmente una declaración de impacto ambiental favorable al proyecto, aunque condicionada a controles y seguimientos ambientales. Más tarde, Altri quedó excluida de un importante programa de apoyo europeo ligado al PERTE de descarbonización industrial, tras no cumplir ciertos requisitos técnicos y de plazos, lo que complicó la estructuración financiera del plan.
Reacciones y futuro incierto
Organizaciones medioambientales y plataformas ciudadanas han recibido con cautela la noticia del archivo, celebrando el reconocimiento de la inviabilidad técnica pero reclamando que la paralización también atienda a preocupaciones ambientales y de salud pública que habían sido clave en las protestas sociales.
La portavoz de la plataforma Ulloa Viva ha destacado la participación ciudadana como elemento determinante en este proceso, aunque ha insistido en que el rechazo no debe basarse únicamente en cuestiones técnicas.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Gobierno central ha defendido su decisión de excluir la planta de los planes energéticos nacionales, argumentando que fue adoptada con criterios técnicos y que un proyecto de esta magnitud requeriría infraestructura específica para garantizar la fiabilidad del suministro, algo que el actual plan hasta 2030 no contempla.